El Tercer Sector Social de Euskadi ante el reto de la equidad digital

La aceleración de la digitalización está transformando las condiciones en las que se ejerce la ciudadanía y se garantizan los derechos. El acceso a servicios públicos, la participación, la privacidad, la igualdad de trato o la autonomía dependen cada vez más de infraestructuras y decisiones tecnológicas desigualmente distribuidas. En este marco, adquiere centralidad el concepto de derechos digitales, entendidos como la proyección de los derechos fundamentales y sociales en entornos digitales.

Esta transformación abre posibilidades importantes. Las tecnologías pueden facilitar el acceso a la información, simplificar determinados procesos, ampliar los canales de participación, mejorar la coordinación entre agentes y favorecer nuevas formas de relación y aprendizaje. Sin embargo, también pueden generar barreras, aumentar situaciones de dependencia y profundizar desigualdades sociales ya existentes.

La equidad digital no consiste únicamente en lograr que más personas utilicen la tecnología, sino en garantizar que nadie quede excluido por falta de recursos, conocimientos, apoyos o condiciones necesarias adecuadas. También implica que las personas puedan comprender cómo se utiliza la tecnología, tomar decisiones informadas sobre su uso y desenvolverse en entornos digitales accesibles, seguros, democráticos y respetuosos con la diversidad.

En el plano internacional, Naciones Unidas, mediante el Pacto para el Futuro y su Pacto Digital Global (2024), ha subrayado la necesidad de una transformación digital inclusiva y centrada en las personas, recordando que los derechos humanos deben protegerse con igual intensidad en el entorno digital. En Europa, la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital (2023) consolida este enfoque en torno al acceso universal, la protección de datos, la no discriminación, la transparencia y el control humano de los sistemas automatizados. En el ámbito estatal, la Carta de Derechos Digitales (2021) explicita garantías en igualdad, privacidad, educación, trabajo y protección de la infancia. En Euskadi, la Estrategia para la Transformación Digital de Euskadi 2025 incorpora, junto a la innovación y la competitividad, referencias a la inclusión, la capacitación y la prevención de nuevas brechas digitales.

Ante esta realidad, el Tercer Sector Social de Euskadi (TSSE) ocupa una posición especialmente relevante. Por un lado, porque acompaña de manera directa a personas y colectivos que experimentan de forma más intensa las desigualdades derivadas de la sociedad digital. Estas brechas digitales se traducen, en la práctica, en obstáculos añadidos para el ejercicio de derechos y el acceso a prestaciones y servicios básicos. Por otro lado, el TSSE actúa como un agente clave en la intervención social, capaz de detectar, interpretar y traducir en necesidades concretas los efectos que la transformación tecnológica tiene sobre los derechos sociales. A través de su actividad, las entidades del sector pueden identificar cómo la digitalización incide en la autonomía personal, la privacidad, la igualdad de trato, la participación social o el acceso a servicios públicos, convirtiéndose en un observador privilegiado de los impactos sociales de lo digital.

El informe La situación del Tercer Sector Social de Euskadi ante el reto de la transformación digital (2021) ya señalaba la importancia de abordar la digitalización desde una perspectiva social, anticipando cuestiones que el Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi 2024 sitúa entre los retos emergentes, como la equidad digital (Reto 4).

En este contexto, el Observatorio Vasco del Tercer Sector Social organizó, el 21 de abril de 2026 en Bilbao, la jornada Digitalización, desigualdad y derechos: el Tercer Sector Social de Euskadi ante el reto de la equidad digital, la cual se concibió como un espacio de reflexión compartida sobre la relación entre el Tercer Sector Social y los derechos digitales orientado a visibilizar su dimensión social, abordar los principales retos asociados a la digitalización y compartir experiencias y aprendizajes del TSSE en este ámbito.

La jornada se estructuró en tres partes o bloques. El primero tuvo como objetivo ofrecer un marco de análisis sobre las desigualdades digitales que permitiera comprender sus múltiples dimensiones y su impacto social, y contó con la intervención de Sandra Gómez, de la Fundació Ferrer i Guardia. El segundo bloque se orientó a profundizar en algunos de los debates centrales del campo de los derechos digitales, a partir de dos miradas expertas complementarias: Pablo Garizar (Universidad de Deusto) y Diana Franco (experta en mediación digital, innovación social y gobernanza tecnológica). El tercer bloque estuvo dedicado a una mesa de experiencias, con la participación de tres organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi: Sartu Alava, APTES y Bizitegi, que presentaron prácticas concretas vinculadas a los derechos digitales desde distintos ámbitos de intervención.

Este breve, trata de recoger y presentar las principales ideas surgidas en dicha jornada.

De la brecha digital a las desigualdades sociodigitales

La intervención de Sandra Gómez, de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, permitió situar un primer marco para comprender la desigualdad digital. Durante mucho tiempo, la brecha digital se interpretó principalmente como la distancia entre quienes tenían acceso a herramientas y a dispositivos digitales y quienes carecían de ellos pero, en la actualidad, parece que resulta más adecuado hablar del concepto de desigualdades sociodigitales, que viene a subrayar que las brechas digitales no son únicamente tecnológicas, sino que están estrechamente relacionadas con las desigualdades económicas, educativas, territoriales, generacionales, culturales y de género.

Estas desigualdades sociales condicionan el acceso, el aprendizaje y el uso de las tecnologías, así, una baja inclusión digital puede reforzar situaciones previas de vulnerabilidad, dependencia o exclusión. Por ello, las desigualdades sociales también se reflejan en el ámbito digital: las personas con menos ingresos suelen disponer de dispositivos más antiguos, conexiones limitadas o teléfonos compartidos; quienes tienen un menor nivel educativo pueden encontrar más dificultades para comprender procedimientos complejos; y quienes carecen de una red de apoyo cercana pueden verse obligados a depender de otras personas para realizar gestiones esenciales de la vida cotidiana.

Otro aspecto que emerge con fuerza y que resulta fundamental tener en cuenta en este contexto es la perspectiva interseccional ya que, el género, la edad, la discapacidad, la situación económica, la trayectoria educativa, el origen, la salud, la accesibilidad de los entornos o el lugar de residencia pueden combinarse y producir experiencias muy distintas de inclusión o exclusión digital.

Por último, y respecto a las desigualdades sociodigitales, Sandra Gómez afirmó que éstas son el resultado de la interacción entre tres dimensiones: la dimensión micro que hace referencia al plano más individual en cuanto al acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías, la dimensión meso, que comprendería al entorno más cercano en el que se proporciona la capacitación y/o red de acompañamiento digital, entre otras cuestiones y, la dimensión macro, que abarcaría las políticas digitales que se producen a nivel global, los modelos de digitalización, las decisiones de las grandes empresas tecnológicas y las relaciones geopolíticas que condicionan las infraestructuras digitales.

El Índice IDAUA: acceso, uso y aprovechamiento

Para analizar esta complejidad, la Fundació Ferrer i Guàrdia ha desarrollado el Índice IDAUA, una herramienta de medición de las desigualdades sociodigitales que permite obtener una radiografía general del nivel de inclusión digital e identificar distintos perfiles a partir de tres dimensiones: acceso, uso y aprovechamiento.

La dimensión de acceso incluye la disponibilidad de conexión y dispositivos, pero también su calidad y adecuación. A este aspecto, los datos presentados durante la jornada muestran que todavía un 25,3 % de la población no tiene acceso a un ordenador, un 8,6 % no dispone de teléfono inteligente y un 7,3 % carece de conexión a internet en el móvil. Además, la propia usabilidad de los dispositivos y aplicaciones genera exclusión, ya que, el 62,9% con baja inclusión digital considera que navega bien por las apps y dispositivos frente al 98% de personas con perfil de alta inclusión digital.

La dimensión de uso comprende las competencias necesarias para desenvolverse en el entorno digital, donde se destaca que el porcentaje de hombres que señalan que han adquirido competencias suficientes es mayor que el porcentaje de mujeres, sobre todo, en cuánto a la resolución de problemas técnicos dónde el porcentaje es del 45,2% de mujeres frente al 65,8% de hombres. Además, se identifica que cuanto mayor es el nivel de estudios, el nivel de competencias adquiridas que se señalan es mayor.

La dimensión de aprovechamiento hace referencia a la capacidad para utilizar la tecnología de forma autónoma y orientada a objetivos significativos: acceder a derechos y oportunidades, trabajar, aprender, participar, relacionarse o resolver necesidades cotidianas. Incorpora aspectos como la autoconfianza, la actitud ante la tecnología y la capacidad de apropiarse de ella.

Estas tres dimensiones permiten distinguir perfiles de inclusión digital baja, media y alta teniendo en cuenta, también, el nivel de ingresos, nivel de estudios, edad, dimensión del municipio de residencia y el género.

Género, edad y confianza digital

A continuación, Sandra Gómez señaló que la perspectiva de género permite observar desigualdades específicas. Las mujeres tienden a valorar sus competencias digitales por debajo de los hombres y presentan menores niveles de autoconfianza digital dónde, por ejemplo, los hombres presentan un 20% de confianza digital muy alta frente al 12,6% de mujeres y dónde, además, el 52,7% de mujeres se consideran dependientes digitales frente al 38,4% de los hombres. Aún así, estas diferencias no deben atribuirse a capacidades innatas, sino más bien, como resultado de procesos de socialización en una sociedad atravesada por estereotipos y desigualdades de género.

También la edad es un factor relevante, pero no explica por sí sola la exclusión digital. Las personas mayores presentan, en términos generales, menores niveles de inclusión, aunque dentro del grupo existe una gran diversidad. La idea de que una persona no puede aprender por su edad puede convertirse en una barrera adicional. Los edadismos digitales reducen expectativas, limitan oportunidades y pueden acabar reforzando la dependencia. Según la “Encuesta Brecha Digital 2025”[1], el 31% de las personas considera que por su edad ya no puede manejarse con la tecnología (edadismo propio) y el 24% cree que las personas mayores ya no pueden aprender (edadismo general). La capacitación debe partir de la confianza en la capacidad de aprendizaje, respetar distintos ritmos y vincularse con necesidades y motivaciones concretas.

A continuación, se dio paso a la segunda parte de la Jornada con las intervenciones de Pablo Garaizar (Universidad de Deusto) en primer lugar y de Diana Franco (Mediadora digital) en segundo lugar.

Soberanía digital y gobernanza tecnológica

La equidad digital tampoco depende exclusivamente de las capacidades individuales, sino que además, está condicionada por quién controla las tecnologías, con qué intereses se diseñan y qué posibilidades existen para intervenir democráticamente en ellas.

La intervención de Pablo Garaizar puso el foco en la fuerte dependencia respecto a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Buena parte de los sistemas operativos, servicios de almacenamiento, herramientas de comunicación, aplicaciones de productividad, redes sociales y sistemas de inteligencia artificial pertenecen a un grupo reducido de compañías.

Estas empresas ofrecen soluciones baratas o aparentemente gratuitas, escalables, rápidas, interoperables y sencillas de usar y esto ha favorecido su incorporación generalizada en administraciones públicas, organizaciones y hogares. Las alternativas de software libre o descentralizadas existen, pero migrar hacia ellas puede requerir más inversión, conocimientos técnicos, soporte, servidores propios y la asunción de nuevas responsabilidades que no todas las personas pueden o saben cómo hacerlo.

Pablo Garaizar señaló que reconocer estas dificultades es fundamental, pero la soberanía digital no se alcanza únicamente recomendando a cada persona que utilice un programa diferente. Requiere una inversión colectiva y sostenida en infraestructuras públicas, software y desarrollos tecnológicos propios. Del mismo modo que Europa impulsa la inversión social, debe reforzar también la inversión tecnológica para reducir dependencias y garantizar soluciones accesibles, seguras y orientadas al interés común.

La dependencia tecnológica tiene consecuencias sobre diferentes derechos ya que puede afectar a la libertad de expresión cuando los algoritmos deciden qué contenidos se muestran, se ocultan o se eliminan o cuando las plataformas, los bots y los contenidos diseñados para provocar una reacción inmediata dificultan la reflexión y la elaboración de alternativas a más largo plazo. Ademas, puede contribuir a la desmovilización política, ya que, la toxicidad, el acoso, la desinformación y la dinámica de confrontación convierten algunos espacios digitales en entornos hostiles para la organización colectiva y la participación democrática.

Según Pablo Garaizar, la privacidad es otro elemento central. La aparente gratuidad de muchos servicios ha normalizado una cesión constante de información en el que se recopilan datos sobre hábitos, relaciones, preferencias, desplazamientos y comportamientos, a menudo sin que las personas comprendamos plenamente el alcance de esa cesión.

La soberanía digital implica recuperar capacidad democrática sobre la tecnología y debe atender al menos a cuatro dimensiones: las infraestructuras, los programas y desarrollos, la propiedad y utilización de los datos y los mecanismos de gobernanza. Existen alternativas: software libre, sistemas de almacenamiento propios, herramientas descentralizadas, redes sociales federadas, servicios de comunicación que priorizan la privacidad o proyectos de inteligencia artificial responsable y aunque estas opciones no eliminan automáticamente las desigualdades, demuestran que las tecnologías actuales no son las únicas posibles.

Para terminar, Pablo Garaizar señaló que no se trata de rechazar toda innovación ni de defender una postura tecnófoba, sino de no ceder completamente el terreno a las grandes compañías y antes de adoptar una herramienta, quizás conviene preguntarse qué funcionalidad aporta, qué información exige a cambio, qué derechos se ceden y qué modelo de sociedad contribuye a consolidar.

Capacitación y mediación digital para una ciudadanía activa

La intervención de Diana Franco amplió el concepto de brecha digital y distinguió diferentes tipos de obstáculos que pueden coincidir en la experiencia de una misma persona.

Existe una brecha de acceso, vinculada a la falta de dispositivos o conexión; una brecha de utilización, relacionada con la ausencia de conocimientos; una brecha de apropiación, que aparece cuando una persona sabe utilizar una herramienta, pero no consigue incorporarla de forma significativa a su vida; una brecha cultural, vinculada a valores, expectativas e imaginarios; y una brecha de vulnerabilidad, que afecta incluso a quienes utilizan la tecnología con frecuencia.

Esta última dimensión muestra que tener competencias no protege necesariamente frente a la vigilancia, la recopilación masiva de datos, el fraude, la manipulación o las decisiones automatizadas. Una persona puede desenvolverse con soltura en una plataforma y, al mismo tiempo, encontrarse en una posición profundamente desigual frente a quien controla el servicio.

La vulnerabilidad digital no se resuelve únicamente con cursos de formación y las personas tienen derecho no solo a manejar las tecnologías, sino también a no quedar expuestas a sistemas opacos, inseguros o diseñados para extraer información. Por ello, la capacitación debe incluir una comprensión crítica de las herramientas: cómo funcionan, qué datos recogen, qué intereses incorporan, qué riesgos generan y qué alternativas existen.

Según indicó Diana Franco, la mediación digital debe orientarse hacia una ciudadanía activa y no se trata de adaptar pasivamente a las personas a cualquier sistema, sino de fortalecer su capacidad para comprender, elegir, participar y tomar las mejores decisiones en cada momento respecto a las tecnologías que tenemos a nuestro alcance.

El Tercer Sector Social de Euskadi en el ejercicio de derechos digitales

Por último, la Jornada dio paso al tercer y último bloque en el que pudimos conocer las experiencias de tres entidades del TSSE que presentaron proyectos concretos vinculados a los derechos digitales desde distintos ámbitos de intervención.

Las desigualdades digitales afectan especialmente a las personas y colectivos con los que trabajan las organizaciones sociales. La digitalización de la Administración pública es uno de los ámbitos más visibles ya que muchas personas no utilizan los servicios electrónicos por falta de competencias, dificultades de acceso, complejidad de los procedimientos o ausencia de confianza y cuando necesitan ayuda, recurren principalmente a familiares, amistades o profesionales.

Las organizaciones sociales han asumido así una creciente función de intermediación digital, facilitando dispositivos, ayudando a pedir citas, accediendo a expedientes, solicitando prestaciones, interpretando comunicaciones o gestionando sistemas de identificación digital, entre otras cuestiones, sin embargo, esta función no debería convertirse en un mecanismo permanente y el acompañamiento debería fortalecer la autonomía y capacitación de las personas respecto sus competencias digitales.

Al mismo tiempo, las propias organizaciones afrontan procesos de transformación: digitalización de la gestión, comunicación interna, coordinación de equipos, protección de datos, atención remota, incorporación de inteligencia artificial, etc…, y por ello, el desarrollo digital debería formar parte tanto de los proyectos dirigidos a las personas como de las propias organizaciones.

Saregune: tecnología, empleo y comunidad

Ainara Pérez presentó la experiencia de Saregune, proyecto de Sartu Álava, que mostró cómo la alfabetización digital puede convertirse en una herramienta de inclusión, participación y dinamización comunitaria. Es un Centro de dinamización digital ubicado en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz que lleva más de veinte años trabajando desde la inclusión y la diversidad, utilizando tecnología y software libre.

Saregune concibe la brecha digital como un fenómeno multidimensional que abarca no solo las habilidades necesarias para utilizar herramientas digitales, sino también la comprensión de los procesos y servicios digitales, el uso estratégico de la tecnología y la confianza para desenvolverse de forma autónoma y segura en estos entornos. Desde esta perspectiva, la alfabetización digital se entiende como una herramienta esencial para garantizar derechos, autonomía y una participación social efectiva.

Ainara Pérez señaló que el proyecto combina formación gratuita técnica y social que incorpora conocimientos digitales, software libre, metodologías adaptadas y recursos aplicados e incluye trabajo colaborativo, conocimiento de los colectivos, diversidad y ruptura de estereotipos sociales. La tecnología se convierte así en una herramienta y también en una excusa para generar relaciones, aprendizajes y procesos comunitarios.

Uno de los elementos más significativos es el cambio de rol de las personas participantes ya que, algunas de ellas, tras una formación intensiva en competencias técnicas y sociales, acceden a un empleo como dinamizadoras en el propio Centro de Saregune. Desde ese nuevo papel imparten cursos de formación gratuitos, acompañan procesos individuales y conectan personas y recursos del entorno más cercano.

El impacto del proyecto se produce en varios niveles. Por una parte, las dinamizadoras obtienen un empleo, reconocimiento y capacidad para devolver a la comunidad lo aprendido, por otra parte, las personas del barrio acceden a formación gratuita, acompañamiento personalizado y a referentes cercanos y, por último, la comunidad se beneficia de la democratización del conocimiento, la creación de redes de apoyo y la existencia de un espacio inclusivo.

La figura de la tecnóloga social

Adriana Martínez, de APTES, presentó la figura de la tecnóloga o tecnólogo social como respuesta a la creciente presencia de lo digital en la intervención social. Se trata de una profesional del ámbito social que cuenta con las competencias digitales necesarias para promover el uso de soluciones tecnológicas entre las personas a las que acompaña y apoyar a otros profesionales de la organización. Para ello, acerca la tecnología respetando las necesidades y los ritmos de cada persona, fortalece las competencias digitales de los equipos y colabora en el diseño de productos y servicios digitalizados desde una perspectiva social.

Entre las funciones de la tecnóloga social se encuentran explorar herramientas, identificar recursos, valorar capacidades y necesidades, promover soluciones que favorezcan la autonomía y crear materiales didácticos. También puede trasladar el conocimiento de las personas acompañadas a los espacios de diseño tecnológico. Su intervención puede darse tanto en el frontoffice, en la relación directa con las personas, como en el backoffice de la organización.

Por ello, APTES, con el apoyo del Gobierno Vasco, ha puesto en marcha el programa de aceleración organizativa en el Tercer Sector Social de Euskadi que trata de facilitar y acelerar la reflexión y posterior acción organizativa en las organizaciones para impulsar el despliegue de Tecnólogos/as Sociales.

Adriana Martínez señaló que en el trabajo con las entidades se han identificado hasta el momento algunas cuestiones comunes, como, por ejemplo, que se observa un nivel generalmente básico de competencias, procesos poco formalizados, duplicidades, desorganización documental, preocupación por la confidencialidad y utilización simultánea de herramientas poco coordinadas. Frente a ello, se han planteado acciones concretas: dedicar pequeños espacios en las reuniones a compartir soluciones digitales, conocer las competencias de profesionales y personas acompañadas, crear recursos adaptados para trámites, ordenar licencias y aplicaciones, mejorar el uso de herramientas de comunicación y participar en el diseño social de los servicios digitales.

Para concluir, podemos decir que la principal aportación de esta experiencia ha sido la de mostrar que la transformación digital no consiste solamente en comprar tecnología, sino que, además, requiere de una reflexión, responsabilidades definidas, formación y una estrategia coherente con la misión y los valores de la entidad.

Bizitegi: aprender desde la práctica

La experiencia de Bizitegi, presentada por Marta Fernández y Cosme Gáldiz, situó el acompañamiento digital dentro de un proceso más amplio de acceso a los derechos sociales. Su taller social busca que las personas conozcan sus derechos y obligaciones, accedan a información sobre los recursos y prestaciones sociales existentes y aumenten su autonomía personal con el objetivo de reducir la vulnerabilidad documental de las personas en riesgo o situación de exclusión social.

El trabajo se realiza en grupo, lo que permite generar vínculos y transformar la relación entre quien enseña y quien aprende y, dónde, además, las personas en riesgo o situación de exclusión social no son únicamente receptoras de apoyo, sino que comparten experiencias, resuelven dudas y aportan conocimientos, lo que favorece la confianza y visibiliza capacidades.

Marta Fernández y Cosme Gáldiz presentaron los contenidos que se trabajan en el taller y que están vinculados con necesidades reales de las personas, así, conocen los procedimientos para obtener y utilizar la BAKQ, Cl@ve, Mi Carpeta del Gobierno Vasco, expedientes de diputaciones, Carpeta de Salud de Osakidetza, Etxebide, Lanbide, consulados, Metaposta o Nik Patrika, entre otros, de tal manera, que puedan ejercer sus derechos como ciudadanas.

A continuación, Marta Fernández señaló que la experiencia se desarrolla en base a cuatro claves. La primera es la continuidad ya que una formación aislada no suele ser suficiente y el aprendizaje debe integrarse en el día a día. La segunda es el carácter práctico, ya que se parte de las necesidades y situación particular de cada persona. La tercera es la utilidad en la que las personas deben comprobar que lo aprendido mejora realmente su vida cotidiana y la cuarta es despertar la curiosidad y el deseo de seguir aprendiendo cosas nuevas.

El objetivo final de la experiencia es que las personas puedan hacer cada vez más cosas por sí mismas, puedan asumir responsabilidades y aumentar su capacidad de decisión de forma que la autonomía digital se integre en su proceso de empoderamiento personal y social.

Para finalizar

La jornada permitió constatar que el Tercer Sector Social se encuentra en una posición privilegiada para detectar las desigualdades digitales, traducirlas en necesidades concretas y desarrollar respuestas próximas. El sector puede generar y transferir conocimiento, incorporar la perspectiva digital en sus intervenciones, desarrollar prácticas organizativas responsables, promover herramientas accesibles, impulsar el activismo digital e incidir en las políticas públicas.

Para avanzar en esa dirección será necesario contar con datos, dotar de recursos al acompañamiento, fortalecer las capacidades de las organizaciones, preservar canales diversos de acceso a los servicios públicos y crear mecanismos de gobernanza tecnológica que se incorporen a la ciudadanía y las organizaciones del Tercer Sector Social.

Esta necesidad ha comenzado a trasladarse también a los instrumentos públicos de promoción del sector. En este sentido, la Dirección de Promoción del Tercer Sector Social y la Acción Comunitaria ha introducido un giro en la convocatoria de ayudas al TSSE para 2026, especialmente en la línea de gestión del conocimiento para la intervención social, vinculando las actividades financiables a una serie de áreas de estudio estratégicas. Entre ellas se incluye expresamente la digitalización del Tercer Sector Social de Euskadi, reconociendo así la importancia de generar conocimiento aplicado, fortalecer las capacidades de las organizaciones y orientar sus procesos de transformación digital. Esta incorporación constituye un paso relevante, siempre que la digitalización se entienda no como un fin en sí mismo, sino como un medio para mejorar la intervención social, afrontar las desigualdades sociodigitales y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos.

Desde esta perspectiva, la equidad digital no consiste en que todas las personas utilicen más tecnología ni en trasladar toda la vida social al entorno digital, sino en garantizar que nadie vea reducidos sus derechos por carecer de recursos o competencias, que las personas puedan comprender, decidir y actuar con autonomía y que la tecnología esté al servicio de una sociedad más justa, participativa y democrática. El reto, por tanto, no es únicamente acompañar a las personas para que se adapten a la digitalización sino contribuir a transformar la digitalización para que se adapte a las personas, respete sus derechos y responda al bien común.

Bibliografía

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Gomez Martín, S. (coord.) (2024). Brechas digitales en España El Índice de Inclusión Digital en el Acceso, el Uso y el Aprovechamiento (IDAUA). Barcelona: Fundación Ferrer Guardia. Disponible en: https://www.ferrerguardia.org/web/content/122054?access_token=db9f23d6-8453-4ec0-8dcd-db574795c0af&unique=56404f98899f2cf15f83f3ccc9a4d82bff457fb8

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[1] Gómez Marín, S. (coord.) (2025). Estudio sobre las Brechas digitales en las personas mayores. Barcelona: Fundació Ferrer i Guardia. Disponible en: https://www.ferrerguardia.org/blog/publicaciones-3/encuesta-brechas-digitales-personas-mayores-2025-389