Nº Breve: 02/2026
Introducción
La aprobación de la Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi, marcó un hito en la trayectoria del Tercer Sector Social de Euskadi (TSSE). Por primera vez, el sector fue definido en positivo en una norma con rango legal, reconocido expresamente como agente social y dotado de un marco específico orientado a su estructuración, fortalecimiento y participación en el sistema vasco de protección social.
Con motivo del décimo aniversario de la Ley, el 23 de marzo se celebró en el Archivo Histórico de Euskadi, en Bilbao, el seminario “Diez años de la Ley del Tercer Sector Social de Euskadi: balance, recorrido y significado compartido”. La sesión se planteó como un espacio cerrado de conversación con redes, organizaciones y personas del sector que participaron activamente en el proceso de elaboración e impulso de la Ley. Su finalidad fue realizar una retrospectiva compartida sobre el significado de la norma en esta década: revisar el proceso que condujo a su aprobación, valorar su impacto en el reconocimiento institucional y en la identidad del TSSE, analizar el desarrollo efectivo de sus principales capítulos, como el diálogo civil, la cooperación público-social o los instrumentos de promoción y conocimiento, contrastar la evolución del sector entre 2015 y 2025 a partir de los Libros Blancos e identificar ámbitos de mejora o desarrollo pendiente.
Este breve no pretende recoger de forma exhaustiva el contenido completo del seminario, sino presentar algunas de las ideas más relevantes que fueron surgiendo a lo largo de la sesión. Estas aportaciones pueden completarse con la consulta del acta gráfica disponible en el espacio web del seminario.
Tras la contextualización inicial del seminario, la apertura institucional corrió a cargo de Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco. En su intervención, la consejera subrayó que la Ley del Tercer Sector Social de Euskadi no nació para crear una realidad artificial, sino para reconocer una realidad viva, ya existente, en la que el Tercer Sector Social de Euskadi ocupa un lugar clave en la construcción de país. En este sentido, destacó la capacidad del sector para detectar soledades, fragilidades y nuevas necesidades sociales, así como para generar oportunidades y respuestas que interpelan también a las políticas públicas y exigen su adaptación a realidades sociales cambiantes.
Nerea Melgosa incidió, asimismo, en la necesidad de fortalecer los servicios públicos y de reforzar la comunidad y la acción comunitaria como elementos esenciales del bienestar. En este marco, situó el voluntariado como un pilar fundamental de corresponsabilidad social y remarcó la importancia de consolidar los marcos de relación entre los distintos agentes. A su juicio, el bienestar no se construye de manera unilateral, sino desde la colaboración, la interacción y la corresponsabilidad entre las instituciones públicas, las organizaciones sociales y el conjunto de la sociedad.
Por último, la consejera recurrió a los datos del Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi 2024 para reforzar la idea de que la aportación del sector no es únicamente ética o simbólica, sino también tangible y medible. En este sentido, recordó que el TSSE cuenta con 45.624 personas trabajadoras, representa en torno al 2,4 % del PIB de Euskadi, canaliza la participación de 168.291 personas voluntarias y está integrado por 4.259 entidades. Sin embargo, más allá de las cifras, Nerea Melgosa subrayó que el verdadero valor del sector reside en las personas que las hacen posibles y en la contribución cotidiana que realizan a una sociedad más justa, solidaria y cohesionada.
El proceso de construcción de la Ley del Tercer Sector Social de Euskadi
Tras la apertura institucional, el seminario dio paso a una mesa dedicada a reconstruir el proceso de elaboración de la Ley del Tercer Sector Social de Euskadi. En ella intervinieron Gonzalo Rodríguez y Pablo González, quienes participaron activamente en dicho proceso y que, en aquel momento, ocupaban respectivamente la Presidencia y la Vicepresidencia de Sareen Sarea, en representación de Cáritas y Gorabide, respectivamente.
Sus aportaciones permitieron situar la Ley en el contexto en el que fue gestada, recuperar las principales motivaciones que impulsaron su elaboración y comprender mejor el recorrido de diálogo, articulación sectorial e interlocución institucional que hizo posible su aprobación. De este modo, este espacio ofreció una mirada retrospectiva sobre el origen de la norma, no solo como resultado de una iniciativa legislativa, sino también como expresión de un proceso compartido de maduración y reconocimiento del propio Tercer Sector Social de Euskadi.
Gonzalo Rodríguez situó la creación de Sareen Sarea, dos años antes de la aprobación de la Ley, como un punto de inflexión en el proceso. Hasta entonces, el sector contaba con redes, organizaciones y espacios de articulación vinculados a ámbitos, colectivos o realidades concretas, pero carecía de un instrumento común que permitiera expresar una voz compartida del conjunto del Tercer Sector Social de Euskadi. La constitución de Sareen Sarea permitió avanzar en esa dirección y reforzó la capacidad de interlocución del sector con las instituciones públicas y con los agentes políticos. En ese sentido, la red desempeñó un papel clave tanto en la articulación interna del TSSE como en su participación activa en el proceso de elaboración de la Ley.
Pablo González, por su parte, subrayó la importancia del reconocimiento jurídico como condición de existencia pública, sintetizada en una idea central: “lo que no está jurídicamente reconocido, no existe”. Desde esta perspectiva, una de las principales motivaciones para impulsar la Ley fue la necesidad de dotar al TSSE de una definición jurídica clara y de un reconocimiento institucional explícito. La norma permitía proyectar al sector hacia el futuro, reconociéndolo como agente de transformación social y poniendo en valor su contribución efectiva a la inclusión, a la garantía de derechos y a la construcción del sistema vasco de bienestar.
La Ley respondía, además, a una doble necesidad. Hacia dentro del sector, contribuía a reforzar una identidad colectiva y a generar cohesión entre organizaciones muy diversas. Hacia fuera, suponía un reconocimiento institucional y social de su papel como agente relevante en las políticas sociales y en el sistema de bienestar. Junto a ello, su aprobación vino a consolidar el espacio del diálogo civil, que ya había sido configurado formalmente mediante el Decreto 283/2012[1]. Asimismo, el impulso de la norma se vinculaba también a la necesidad de revisar y fortalecer los marcos de relación con las administraciones públicas, en un contexto en el que el modelo de relación económica existente resultaba insuficiente para garantizar la sostenibilidad de muchos de los proyectos desarrollados por las organizaciones.
Según se destacó en la mesa, el proceso de elaboración de la Ley fue largo, intenso y ampliamente compartido. Requirió muchas horas de trabajo y una interlocución constante entre el propio sector, las instituciones y los grupos parlamentarios. El TSSE no fue un mero destinatario de la norma, sino un agente activo en su configuración, aportando reflexión, propuestas y conocimiento acumulado desde la práctica. Uno de los elementos más significativos del proceso fue el alto grado de consenso alcanzado: la Ley fue aprobada sin ningún voto en contra, lo que reflejaba una amplia convergencia entre las necesidades planteadas por el sector y las prioridades políticas del momento.
Dentro de ese proceso, la definición de las entidades del TSSE fue una de las cuestiones que exigió más tiempo y trabajo. La diversidad de figuras jurídicas, trayectorias, ámbitos de actuación y formas organizativas existentes dentro del propio sector hacía necesario construir una definición suficientemente amplia e inclusiva, pero también precisa. El objetivo era que ninguna organización quedara fuera del ámbito de la Ley por su forma jurídica o por su especificidad, siempre que cumpliera con las características acordadas para formar parte del Tercer Sector Social de Euskadi.
En la mesa se señaló también que la Ley no introdujo grandes innovaciones en el sentido de crear una realidad nueva, sino que cumplió, sobre todo, una función de ordenación, reconocimiento y consolidación. Más que inventar un sector, la norma dio cuerpo legal a una realidad que ya existía, a unas prácticas que venían desarrollándose desde hacía tiempo y a una trayectoria previa de colaboración, articulación e interlocución.
Entre los principales valores y avances asociados a la Ley, se destacaron el establecimiento de un marco legal sólido para el sector, el impulso a su promoción y desarrollo, la apertura de una proyección de futuro vinculada al despliegue posterior de la norma y el reconocimiento institucional y social de una labor que las organizaciones ya venían realizando. En este marco, se puso en valor el desarrollo de políticas e instrumentos de promoción del TSSE, entre ellos la Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social de Euskadi y el Observatorio Vasco del Tercer Sector Social.
No obstante, las intervenciones también apuntaron a la existencia de ámbitos que requieren un mayor desarrollo o consolidación. Entre ellos, se mencionó el propio diálogo civil, que, aun habiendo sido reconocido y reforzado por la Ley, necesita seguir profundizándose en su funcionamiento y alcance, especialmente a través de la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi. Del mismo modo, se señaló la necesidad de avanzar en un despliegue más operativo de la cooperación público-social, de manera que el marco reconocido por la Ley pueda seguir traduciéndose en instrumentos, prácticas y relaciones más estables y eficaces.
A partir de esa mirada retrospectiva sobre el proceso de construcción de la Ley, el seminario dio paso a una segunda parte orientada a analizar la evolución del Tercer Sector Social de Euskadi durante la última década y a identificar algunos de los principales retos que atraviesan su presente y su futuro.
Diez años en perspectiva: evolución y retos del Tercer Sector Social de Euskadi
La segunda parte del seminario se centró en un análisis longitudinal de la evolución y los retos del Tercer Sector Social de Euskadi, a partir de la información recogida en los tres Libros Blancos publicados en 2015, 2020 y 2024. El objetivo fue comparar esta serie histórica para identificar transformaciones, continuidades y tendencias de fondo en la trayectoria reciente del sector.
Este ejercicio permitió observar cómo el TSSE ha transitado, a lo largo de la última década, desde un proceso centrado en la construcción de una identidad compartida y en la estructuración interna hacia un posicionamiento más estratégico, en un contexto marcado por una creciente complejidad social, institucional y económica. La reflexión se articuló en torno a las principales dimensiones de análisis utilizadas en los Libros Blancos, que se recogen a continuación.
Identidad: de la autodefinición a la defensa del espacio propio
En el ámbito de la identidad, la evolución del sector muestra un recorrido claro. En 2015, el reto principal se centraba en la definición del propio TSSE y en la preservación de su diversidad, en un contexto todavía marcado por los efectos de la crisis económica y por la necesidad de proteger especialmente a las entidades más pequeñas. En 2020, el foco se desplazó hacia la integración y el sentido de pertenencia, ante la incorporación de nuevas organizaciones y el riesgo de fragmentación. En 2024, el desafío se sitúa en la legitimación de una identidad colectiva y en la defensa de sus lógicas propias; es decir, de aquellos valores, formas de intervención y espacios que caracterizan al sector frente a otras lógicas, particularmente las mercantiles o las estrictamente administrativas. Este recorrido refleja una evolución significativa: la identidad ha pasado de ser un ejercicio de autorreconocimiento a convertirse en una herramienta estratégica para proteger el espacio propio del sector, reforzar su papel social y sostener su contribución diferencial.
Entre las principales tendencias señaladas, se destacó la revalorización de la diversidad y de la atomización del sector como un activo vinculado a la cercanía territorial y a la capacidad de respuesta próxima. También se apuntó a la creciente profesionalización del TSSE, que introduce nuevas oportunidades, pero también tensiones respecto a valores tradicionalmente asociados al voluntariado y a la participación social. En este sentido, entre 2019 y 2023 el personal remunerado creció un 18,4 %, frente al 6,1 % de crecimiento de las personas voluntarias.
Asimismo, se subrayó la consolidación de un rol político más activo del sector. Actualmente existe un amplio consenso —cercano al 80 % de las organizaciones— en torno a la necesidad de que el TSSE proyecte una voz única y firme, aunque este acuerdo era aún mayor en 2015, cuando alcanzaba el 89,7 %. Este dato muestra, al mismo tiempo, la fortaleza de una conciencia colectiva compartida y la necesidad de seguir trabajando los equilibrios internos que permitan sostener esa voz común desde la diversidad. Por último, se señaló un avance hacia una configuración territorial más equilibrada del sector entre los tres territorios históricos.
Actividad: hacia respuestas a la complejidad social
La evolución de la actividad del TSSE muestra un desplazamiento progresivo desde la prestación y gestión de servicios hacia formas de intervención más complejas, integrales y centradas en la persona. En 2015, el principal reto consistía en mantener el equilibrio entre la provisión de servicios y la función de incidencia social, evitando que la primera eclipsara la segunda. En 2020, la pandemia obligó a una rápida adaptación de los servicios y a la incorporación de herramientas digitales, tratando de preservar al mismo tiempo el carácter relacional de la intervención. En 2024, el sector se enfrenta a la gestión de una creciente complejidad social, marcada por problemáticas interrelacionadas como la salud mental, la soledad no deseada, la brecha digital o la acumulación de situaciones de vulnerabilidad.
Esta evolución implica que la actividad del sector se orienta cada vez más al acompañamiento de personas y comunidades en situaciones de vulnerabilidad multidimensional, lo que requiere enfoques interseccionales, mayor especialización y capacidad de adaptación a contextos cambiantes.
Entre las tendencias más relevantes se destacaron la necesidad de preservar el aporte diferencial de la actividad desarrollada por el sector frente a otros agentes; la tensión persistente entre la labor de incidencia social y el peso creciente de la provisión de servicios; la superación de enfoques asistenciales en favor de modelos centrados en la autonomía, la calidad de vida y la participación; y una inquietud permanente por la innovación, entendida como condición necesaria para responder a realidades sociales cada vez más complejas.
Personas: profesionalización y nuevas formas de participación
El ámbito de las personas refleja una de las transformaciones más significativas del sector. En 2015, la preocupación principal giraba en torno al fortalecimiento del vínculo con la ciudadanía y a la consolidación de la base social. En 2020, emergió con fuerza el reto del relevo generacional y de la sostenibilidad de los equipos. En 2024, el foco se sitúa en la retención del talento, el bienestar de las personas que integran las organizaciones y la adaptación a nuevas formas de participación social. En conjunto, puede decirse que el sector ha pasado de una etapa centrada en proteger y fortalecer el compromiso con su base social a un escenario en el que debe garantizar, al mismo tiempo, el relevo generacional, la sostenibilidad de sus equipos y unas condiciones que permitan cuidar a las personas que sostienen la actividad cotidiana de las organizaciones.
Entre las principales tendencias destaca, en primer lugar, el crecimiento desigual entre empleo remunerado y voluntariado, ya apuntado anteriormente. La profesionalización avanza con intensidad, mientras que el voluntariado crece a un ritmo más moderado y adopta formas más diversas. En este sentido, resulta especialmente significativo el aumento del voluntariado ocasional, que ha pasado de representar el 18 % en 2015 a más de la mitad del sector en 2024, con un 50,6 %. Este cambio transforma los modelos tradicionales de compromiso y obliga a repensar las formas de vinculación, participación y pertenencia.
También se destacó la feminización de los equipos. El promedio de mujeres entre el personal remunerado ha crecido del 56,5 % al 62,1 % entre 2015 y 2024. La presencia femenina en los órganos de gobierno también ha aumentado, pasando del 53 % al 59,4 % en el mismo periodo. Sin embargo, el sector identifica todavía como reto de coherencia interna garantizar un acceso proporcional de las mujeres a los puestos de alta dirección y liderazgo, en consonancia con sus propios valores de igualdad.
Por último, se señaló una creciente preocupación por el cuidado de los equipos, incluyendo las condiciones laborales, la sobrecarga de trabajo, los riesgos psicosociales y la necesidad de generar entornos organizativos sostenibles. En conjunto, el TSSE parece evolucionar hacia un modelo más profesionalizado, pero también más complejo, que plantea nuevos retos de coherencia interna, sostenibilidad organizativa y cuidado de las personas.
Recursos económicos: sostenibilidad en un contexto incierto
La sostenibilidad económica ha sido un reto constante para el sector a lo largo de la última década, aunque con matices diferentes en cada momento. En 2015, el reto principal era garantizar la sostenibilidad mediante la diversificación de fuentes de financiación. En 2020, se consolidó el modelo mixto de financiación público-social como elemento de estabilidad. En 2024, emergen nuevas tensiones vinculadas a la incertidumbre presupuestaria, los retrasos en los pagos, las limitaciones normativas y la competencia con entidades con ánimo de lucro en la provisión de servicios de responsabilidad pública.
Entre las tendencias destacadas aparece una ligera reducción de la dependencia de la financiación pública, aunque esta sigue siendo predominante. En 2024, el 64,8 % de los ingresos de las organizaciones procede de fuentes públicas, frente al 69,5 % registrado en 2015. Al mismo tiempo, el 49,3 % de las organizaciones dispone actualmente de más ingresos privados que públicos, frente al 42,3 % en 2015. Estos datos parecen apuntar a un cierto desplazamiento hacia fuentes no públicas, en consonancia con la necesidad de diversificar la financiación. No obstante, los recursos públicos muestran una clara tendencia a la concentración estructural. El 70,5 % de estos fondos se dirige a entidades con más de dos décadas de trayectoria, mientras que las organizaciones de reciente creación —con cinco años o menos— reciben apenas el 3,2 %. Esta brecha sugiere que las entidades más jóvenes encuentran barreras significativas para acceder a la financiación institucional, lo que puede condicionar su consolidación y desarrollo. También se señaló la dificultad de acceso a fondos europeos. En 2024, solo el 5,5 % del sector accede a esta vía de financiación, una proporción muy similar a la registrada en 2020 —4,6 %— y en 2015 —5 %—. Además, el acceso a estos fondos queda restringido mayoritariamente a las organizaciones de mayor volumen económico, lo que refuerza las desigualdades internas en la capacidad de captación de recursos.
En conjunto, el escenario económico del TSSE aparece tensionado entre la persistente dependencia de la financiación pública, el acceso desigual a los recursos, la vulnerabilidad específica de las organizaciones pequeñas y jóvenes, y la necesidad de avanzar hacia una mayor diversificación financiera en un entorno cada vez más complejo e incierto.
Gestión y comunicación: hacia la legitimación por resultados
En el ámbito de la gestión, el sector ha experimentado un proceso de progresiva profesionalización. En 2015, el foco estaba puesto en la transparencia y la rendición de cuentas como vías para sostener la legitimidad del sector en un contexto marcado por la crisis económica. En 2020, la digitalización adquirió una centralidad creciente, no solo como herramienta de gestión interna, sino también como medio para fortalecer la conexión con la ciudadanía, ampliar el capital social y mejorar la capacidad de respuesta de las organizaciones. En 2024, el reto se sitúa en la innovación social y en la medición del impacto; es decir, en la capacidad de mostrar, mediante evidencias, el valor social generado por la actividad del sector. Esta evolución refleja un desplazamiento desde una preocupación inicial por garantizar la transparencia hacia una exigencia más amplia de demostrar resultados, impacto y contribución social. Al mismo tiempo, las organizaciones afrontan una creciente sobrecarga normativa y administrativa, que afecta especialmente a las entidades de menor tamaño y puede limitar su capacidad de gestión, innovación y participación en determinados espacios.
Entre las principales tendencias se señalaron el desarrollo de una cultura de la evaluación, a través de la incorporación progresiva de sistemas de evaluación de resultados; el avance en herramientas de gestión interna coherentes con los valores del sector —como planes de igualdad, auditorías sociales, protocolos de no discriminación u otros instrumentos similares- y el fortalecimiento de la comunicación y la rendición de cuentas como elementos especialmente relevantes para el reconocimiento social del TSSE.
Relaciones externas: reconocimiento y equilibrio
Las relaciones externas del sector han evolucionado de forma significativa en la última década. En 2015, el reto principal era superar el desconocimiento existente sobre el TSSE y reforzar la confianza con otros agentes. En el caso específico de la relación con la administración pública, el desafío consistía en avanzar más allá de un modelo basado casi exclusivamente en la prestación de servicios. En 2020, el sector percibía un fortalecimiento, aunque todavía limitado, de la relación público-social, apoyado en la consolidación de espacios de interacción como la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi y otros foros de cogobernanza. En 2024, el desafío se sitúa en afianzar marcos de relación estratégica, especialmente en un contexto marcado por la irrupción de lógicas mercantiles en la provisión de servicios de responsabilidad pública.
Entre las principales tendencias se destacó la centralidad creciente que la relación con el sector público ha ido adquiriendo a lo largo de la década. Esta relación constituye una condición clave para el desarrollo del modelo de cooperación público-social, pero también genera tensiones vinculadas a la preservación de la autonomía del sector. De ella pueden derivarse riesgos de dependencia, así como una posible pérdida de capacidad crítica, de incidencia política y de voz propia.
Asimismo, se señaló que el reconocimiento social del sector sigue siendo limitado, a pesar de los avances institucionales y del papel desempeñado por las organizaciones en contextos especialmente críticos. Actualmente, solo el 45,2 % de las organizaciones considera que existe un reconocimiento social suficiente del TSSE, un dato muy similar al registrado en 2019 —45,7 %— y solo ligeramente superior al de 2015, cuando se situaba en torno al 42 %. Esta evolución muestra que el reconocimiento del sector no ha crecido al mismo ritmo que su contribución social, su presencia institucional o su capacidad de respuesta ante nuevas necesidades.
Por último, se apuntó a la ampliación del ecosistema relacional del TSSE, con un aumento de las alianzas intersectoriales. Estas alianzas se producen especialmente, aunque no exclusivamente, con el ámbito empresarial, y plantean nuevas oportunidades de colaboración, pero también la necesidad de preservar con claridad la identidad, los valores y la lógica propia del sector.
Estructura y situación del sector: hacia un liderazgo estratégico
Finalmente, en relación con la estructuración interna del sector, la evolución muestra un tránsito desde la necesidad de articulación hacia la construcción de una agenda estratégica propia. En 2015, el reto consistía en superar la fragmentación y avanzar en la construcción de una identidad común a través de las redes. En 2020, el foco se desplazó hacia el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia, en un contexto en el que el sector debía integrar nuevas organizaciones surgidas en un periodo relativamente breve. En 2024, el desafío se sitúa en la capacidad de establecer una agenda propia, orientada a reforzar el liderazgo político y social del TSSE.
Entre las tendencias destacadas aparece, en primer lugar, la consolidación de la pertenencia a redes como uno de los principales elementos de vertebración del sector. Los datos muestran que casi dos de cada tres organizaciones forman parte de alguna red, una proporción que se ha mantenido alta y relativamente estable durante la última década: 58,7 % en 2015 y 66,4 % en 2019. Esta estabilidad confirma el papel de las redes como espacios fundamentales de coordinación, representación e interlocución.
Al mismo tiempo, se señaló que las redes han incrementado su presencia en las dinámicas sectoriales y han reforzado su función como estructuras de articulación colectiva. No obstante, persisten niveles desiguales de cohesión interna, con diferencias en la participación en redes, en el grado de vinculación al sector y en la implicación colectiva de las organizaciones. Por ello, uno de los retos actuales consiste en seguir fortaleciendo los espacios comunes, no solo para coordinar posiciones, sino también para construir una agenda compartida capaz de orientar el papel del TSSE ante los desafíos sociales, institucionales y económicos de los próximos años.
En conjunto, el análisis de la última década muestra un sector más estructurado, profesionalizado y reconocido institucionalmente, pero también más tensionado por la complejidad social, la sostenibilidad económica, la necesidad de preservar su autonomía y el reto de mantener una identidad compartida desde la diversidad.
A partir de este análisis de evolución y retos, el seminario abrió un tercer espacio de diálogo orientado a contrastar colectivamente la experiencia acumulada durante estos diez años de desarrollo de la Ley y a identificar sus principales aportaciones, límites y aprendizajes.
Debate abierto: aportaciones, mejoras y aprendizajes de la Ley del Tercer Sector Social de Euskadi
La tercera parte del seminario adoptó un formato participativo, articulado en torno a un diálogo abierto con las personas asistentes. Aunque la conversación se planteó inicialmente en torno a las aportaciones de la Ley, las mejoras necesarias y los aprendizajes acumulados, el debate fue avanzando de manera transversal, conectando unos temas con otros. Por ello, las ideas recogidas a continuación se ordenan por grandes ejes temáticos, con el objetivo de facilitar su lectura y reflejar mejor la riqueza de las aportaciones realizadas.
Reconocimiento, identidad y consolidación del sector
Uno de los consensos más claros del debate fue la valoración positiva del impacto de la Ley en la consolidación del Tercer Sector Social de Euskadi. En primer lugar, se destacó su capacidad para definir el sector en términos positivos, y no únicamente “en oposición a” otros espacios —no lucrativo, no gubernamental, etc.—. La definición recogida en la Ley permitió avanzar hacia una formulación centrada en lo que el sector es, en sus características propias y en su contribución social. En este sentido, la Ley ha facilitado la posibilidad de nombrar y explicar con mayor claridad la identidad, las funciones y el valor del TSSE. También ha contribuido a reforzar su reconocimiento institucional y social, así como a consolidar un marco de interlocución más estructurado con las administraciones públicas. Asimismo, se destacó su papel en la generación de confianza interna, favoreciendo dinámicas de colaboración, delegación en las redes y cohesión entre organizaciones diversas.
Otro de los aspectos especialmente valorados fue el desarrollo del capítulo IV de la Ley, dedicado a la promoción del TSSE. Este desarrollo ha dado lugar a instrumentos clave como la Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social de Euskadi, el Observatorio Vasco del Tercer Sector Social, los Libros Blancos y los Barómetros. Además, se señalaron algunos hitos simbólicos relevantes, como la presentación de la Estrategia ante el Lehendakari o la conmemoración anual de la aprobación de la Ley, cada 12 de mayo, como elementos que contribuyen a reforzar el reconocimiento político y la identidad compartida del sector.
Diálogo civil y despliegue institucional
El diálogo civil, al que la Ley dedica su capítulo II, emergió como otro de los elementos centrales del debate, tanto por los avances logrados como por los retos pendientes. Por un lado, se reconoció el valor de la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi como espacio de interlocución, contraste y construcción colectiva entre el sector y el Gobierno Vasco. No obstante, también se señaló la necesidad de seguir avanzando en su dimensión operativa, de modo que los acuerdos, reflexiones y diagnósticos compartidos puedan trasladarse con mayor claridad a la práctica concreta, especialmente en cuestiones críticas como la sostenibilidad económica, los modelos de intervención o el desarrollo de instrumentos de cooperación público-social. En este marco, se subrayó también la importancia de cuidar los procesos de participación. No se trata únicamente de abrir espacios formales, sino de garantizar una participación de calidad, con tiempos adecuados, objetivos claros y una definición precisa de qué se espera de la aportación del sector en cada proceso.
Otra cuestión destacada fue la dificultad de desplegar el diálogo civil de manera homogénea en los distintos niveles institucionales. Aunque la interlocución con el Gobierno Vasco se valora positivamente, esta no siempre se reproduce con la misma intensidad en diputaciones forales y ayuntamientos. Por ello, se planteó la necesidad de avanzar hacia una mirada estratégica de país en relación con el diálogo civil, que permita articularlo y desplegarlo de forma coherente entre los distintos niveles de gobierno.
Provisión de servicios, sostenibilidad y lógicas mercantiles
El debate abordó también la relación entre la Ley y la provisión de servicios. Ante la pregunta de si la Ley del TSSE había generado cambios significativos en este ámbito, se señaló que su impacto había sido limitado. Sin embargo, sí se percibe una entrada progresiva de entidades de naturaleza lucrativa o mercantil en el sistema, especialmente en ámbitos como la discapacidad o la atención a personas mayores. Estas entidades operan con lógicas distintas a las propias del TSSE en la gestión de servicios en el ámbito de la intervención social, lo que genera preocupación por el posible desplazamiento de organizaciones del sector en determinados procesos de licitación.
En este contexto, la concertación social[2] fue identificada como un instrumento clave, aunque todavía insuficientemente desarrollado. Se señaló que su despliegue efectivo continúa afrontando numerosas dificultades y que aún no ha avanzado en los términos que el TSSE considera necesarios para garantizar un modelo más estable, coherente y adecuado a la naturaleza de la intervención social.
Ante este escenario, se planteó la necesidad de fortalecer el posicionamiento del TSSE en un entorno cada vez más competitivo y complejo. La sostenibilidad económica volvió a aparecer como una preocupación transversal, vinculada a cuestiones como la adecuación de las licitaciones públicas a la realidad de las entidades, las tensiones financieras y de tesorería, los retrasos en los pagos o las limitaciones existentes para desarrollar de forma efectiva modelos de financiación más estables, como el concierto social.
Vigencia de la ley y necesidad de desarrollo
El debate también abordó la vigencia de la Ley diez años después de su aprobación. La percepción general fue que sigue siendo un instrumento válido y necesario, aunque requiere un mayor desarrollo y una adaptación progresiva a nuevas realidades sociales, institucionales y económicas. En este sentido, se destacó que la Ley no debe entenderse como un fin en sí misma, sino como una herramienta que el propio sector debe seguir utilizando, desplegando y actualizando para fortalecer su posición, reforzar su valor diferencial y orientar su relación con las administraciones públicas y con otros agentes.
También se valoraron positivamente algunos instrumentos derivados de la Ley, como la Estrategia de Promoción del TSSE, los Libros Blancos y los Barómetros, en la medida en que permiten actualizar diagnósticos, identificar tendencias y orientar los retos de futuro del sector.
Nuevos espacios de relación y posicionamiento del sector
Otro de los temas que surgió en el diálogo abierto fue la relación del TSSE con otros agentes, especialmente con el ámbito empresarial. La propia Ley contempla, en su artículo 24, la promoción por parte de las administraciones públicas vascas de la colaboración entre las empresas y el Tercer Sector Social de Euskadi. En este ámbito, el debate puso de manifiesto una cierta ambivalencia: por un lado, se reconoce la necesidad de abrir espacios de colaboración; por otro, existe la percepción de que el ámbito empresarial puede operar también como competencia en determinados espacios, especialmente cuando entra en la provisión de servicios de responsabilidad pública.
Desde esta perspectiva, se planteó la necesidad de que el TSSE dé un paso adelante en su apertura hacia otros ecosistemas —empresas, centros tecnológicos, universidades u otros agentes de innovación— y explore modelos de relación más estructurados, incluso similares a los clústeres, que permitan compartir conocimiento, generar innovación y reforzar su capacidad de incidencia.
Asimismo, se señaló la importancia de impulsar una mayor divulgación y visibilidad de la labor del sector, tanto hacia el tejido empresarial como hacia los futuros y futuras profesionales del ámbito social. Esta tarea de comunicación se consideró clave para reforzar el reconocimiento del TSSE, explicar mejor su aportación diferencial y ampliar sus alianzas estratégicas.
La dimensión comunitaria como eje estratégico de futuro
Por último, la conversación abordó la centralidad de lo comunitario como eje estratégico de futuro. Se subrayó la necesidad de profundizar en el “alma comunitaria” del sector, entendida como su capacidad para trabajar en red en las comunidades de proximidad, fortalecer vínculos, promover una ciudadanía corresponsable y generar valores compartidos en torno a los retos sociales.
No obstante, también se reconoció la dificultad de operativizar este enfoque, especialmente desde el punto de vista administrativo y financiero. Traducir lo comunitario a instrumentos de gestión pública no siempre resulta sencillo. Por ello, se planteó la necesidad de desarrollar herramientas que permitan identificar, medir y expresar el valor comunitario en términos comprensibles para la administración, de manera que pueda incorporarse de forma más clara en pliegos de licitación, subvenciones públicas, modelos de evaluación o instrumentos de planificación.
El seminario se cerró con una síntesis visual apoyada en un graphic recording, que permitió repasar las cuestiones clave abordadas durante la jornada y recoger, de forma gráfica, algunos de los principales aprendizajes compartidos.
Bibliografía
Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Gobierno Vasco y redes del TSSE. (2022). Estrategia de promoción del Tercer Sector Social de Euskadi. Plan de legislatura 2021-2024. Vitoria-Gasteiz. Disponible en: https://3seuskadi.eus/wp-content/uploads/EPTSSE-plan-de-la-XII-Legislatura.pdf
Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi. Boletín Oficial del País Vasco, núm. 94, de 19 de mayo de 2016. Disponible en: https://www.euskadi.eus/web01-bopv/es/bopv2/datos/2016/05/1602096a.pdf
Observatorio Vasco del Tercer Sector Social (2015). Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi 2015. Bilbao: Observatorio Vasco del Tercer Sector Social. Disponible en: https://3seuskadi.eus/wp-content/uploads/1823_1_LibroBlancoTSSEuskadi2015.pdf
Observatorio Vasco del Tercer Sector Social (2021). Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi 2020. Bilbao: Observatorio Vasco del Tercer Sector Social. Disponible en: https://3seuskadi.eus/wp-content/uploads/LibroBlanco_DEF_2019-2020_es-comp.pdf
Observatorio Vasco del Tercer Sector Social (2025). Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi 2024. Bilbao: Observatorio Vasco del Tercer Sector Social. Disponible en: https://3seuskadi.eus/wp-content/uploads/2025/06/LibroBlanco2024_ES_com.pdf
[1] Decreto 283/2012, de 11 de diciembre, por el que se constituye y regula la Mesa de Diálogo Civil. Disponible en: https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2012/12/1205791a.pdf
[2] DECRETO 168/2023, de 7 de noviembre, por el que se regulan el régimen de concierto social y los convenios en el Sistema Vasco de Servicios Sociales: https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2023/11/2305218a.pdf