Las organizaciones de nuestro tercer sector de acción social se identifican mayoritariamente con algún colectivo poblacional en situación o riesgo de exclusión social cuya delimitación suele tener que ver con algún factor clave para la inclusión social en un determinado modelo de sociedad (como, por ejemplo, tener empleo o tener familia). Fue, ha sido y es la sociedad excluyente la que ha configurado esos colectivos y fue, ha sido y es la entidad solidaria la que intenta prevenir, paliar o corregir los procesos de exclusión social que afectan a dichos grupos poblacionales. Una buena parte de estas organizaciones solidarias de acción social encuentran acomodo en el ámbito sectorial de los servicios sociales obteniendo financiación pública y encajando más o menos como atención especializada (por colectivos poblacionales) de los sistemas públicos de servicios sociales. En ese contexto, van potenciando su dimensión de prestadoras de servicios sociales (o, en general, de bienestar) financiados públicamente y van perdiendo autonomía estratégica frente a los poderes públicos.
Es posible que fenómenos extremos que se van encadenando (en salud, clima, suministros, finanzas, alimentación, seguridad, conectividad u otros) puedan ser síntomas de desajustes estructurales de nuestros sistemas tecnológicos, económicos, laborales, sociales y políticos. En ese contexto, al que llegamos tras un ciclo de digitalización, extralimitación, financiarización, deslocalización, mercantilización, individualización y desacralización, las organizaciones del tercer sector amarradas a un colectivo y con poca autonomía estratégica corren el riesgo de quedar a merced de las decisiones de las personas con responsabilidades políticas, personas que, en el contexto citado, se sienten también notablemente impotentes ante determinados poderes tecnológicos, económicos y empresariales globalizados. En lugar de progresar en universalidad, enraizamiento, integración y conocimiento, frecuentemente, quedan relegadas a una acción social residual, instrumentalizada, desconectada y de baja cualificación.
Si la acción social que se deja a las administraciones públicas y, especialmente, al tercer sector clientelar y dócil es ese tipo de obsoleto asistencialismo paliativo de pretendida emergencia (muchas veces shocks provocados o manejados por ciertos agentes), estigmatizante y alienante, de institucionalización y control, posiblemente sea prioritario construir capacidad de agencia para incorporar al funcionamiento del sistema social los valores de iniciativa, solidaridad, colaboración, justicia y participación que dan sentido al tercer sector. Más que la ayuda, prestación, servicio o programa establecido que gestiona, importa la capacidad que aporta a la sociedad de ensayar y desplegar formas alternativas de producción, funcionamiento y decisión. Más que la función que le dejan aquellos agentes que lo quieren instrumentalizar, el tercer sector de acción social se encuentra ante el reto de apoyarse en el conocimiento, en su base social, en su legitimidad, en su versatilidad y en su capacidad de situarse estratégicamente para encarnar y desencadenar cambios sociales inspirados en sus valores.