Fecha: 18/11/2024
Fuente: Sareen Sarea
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Con motivo del Día Mundial de los Derechos de la Infancia, que se conmemora el próximo 20 de noviembre, desde Sareen Sarea hemos enviado una propuesta de declaración a la Presidencia del Parlamento Vasco. Con esta iniciativa queremos reforzar el compromiso político y social hacia la protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tras la aprobación de la Ley 2/2024 de Infancia y Adolescencia. Esta propuesta de declaración también la hemos enviado a las presidencias de las Juntas Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

La declaración ha sido trabajada desde la Comisión de Derechos de Infancia, Adolescencia y Juventud de Sareen Sarea, en la que participan diversas redes del Tercer Sector Social de Euskadi y UNICEF-Comité País Vasco. Queremos destacar la necesidad de defender todos los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, y enfatizar el poder transformador de la participación infantil y juvenil en la creación de un mundo mejor para todas las personas.

Hace 35 años que la Convención sobre los Derechos del Niño transformó la percepción de la infancia, reconociendo a niños y niñas como sujetos de derechos. A pesar de este progreso, en Euskadi persisten desafíos que comprometen el bienestar presente y futuro de la infancia y adolescencia. Por ello, desde el Tercer Sector Social de Euskadi, exponemos algunas prioridades y medidas urgentes para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

Desafíos y prioridades actuales

Nuestra propuesta de declaración subraya la necesidad de reducir la pobreza infantil. En Euskadi, casi 1 de cada 4, niños niñas y adolescentes esté en riesgo de pobreza o exclusión social. Por ello, se debe realizar una inversión eficiente y desarrollar medidas para reducir la pobreza como una prestación universal por crianza hasta los 17 años de edad. Asimismo, se remarca la urgencia de garantizar la accesibilidad universal para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, eliminando barreras físicas, comunicativas y actitudinales para asegurar su plena participación y ejercicio de derechos.

La protección para crear entornos seguros, tanto en el ámbito educativo como en el del ocio educativo, es otra prioridad. Se deben implementar medidas preventivas, con recursos suficientes, para proteger a niños, niñas y adolescentes de situaciones de abuso o violencia, incluyendo el entorno digital. Se han de instaurar la figura de persona coordinadora de bienestar en los centros educativos para promover la protección y el bienestar del alumnado.

El bienestar físico y emocional de la infancia y la adolescencia es un tema crítico. Por ello, urgimos a diseñar y aprobar políticas integrales de salud mental con los recursos necesarios para garantizar una prevención y atención de calidad, especialmente para la infancia más vulnerable.

Proteger a la infancia en el entorno digital es otro de los temas prioritarios, implementando las recomendaciones de la Observación General 25 del Comité sobre los Derechos del Niño. Desde el Tercer Sector Social de Euskadi defendemos la implementación de medidas preventivas y educativas que garanticen un uso seguro de la tecnología desde edades tempranas.

Por último, la declaración resalta la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, alineándose con la Ley vasca de Cooperación y Solidaridad para destinar un 0,7 % de la Renta Nacional Bruta a Ayuda Oficial al Desarrollo en 2030 y responder rápidamente ante emergencias globales que impacten a la infancia.

Claves de la Ley vasca de Infancia y Adolescencia

La Ley vasca de Infancia y Adolescencia consolida la garantía integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Esta ley adopta un enfoque multidimensional, promoviendo la prevención, protección y participación activa de la infancia en todos los ámbitos de la vida.

Esta Ley articula su intervención en torno a cuatro grandes ejes: promoción; prevención y detección de riesgos; atención y protección; y recuperación de daños y derechos vulnerados. Además, destaca el deber de corresponsabilidad de toda la sociedad, promoviendo un modelo de colaboración y coordinación interinstitucional e intersectorial para asegurar el bienestar infantil. Otro de los puntos clave, es el reconocimiento a niñas, niños y adolescentes como sujetos titulares de derechos y que incorpora el principio de prioridad presupuestaria, con el objetivo de garantizar recursos suficientes y sostenidos en el tiempo para la protección de sus derechos.