Fuente: Servimedia
La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, urgió este martes a aprobar la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuidos” en referencia a las personas con discapacidad y abogó por que la Carta Magna reconozca como “fundamentales” los derechos sociales, económicos y culturales así como el voluntariado como ejercicio básico de participación ciudadana.
Así lo reivindicó en un comunicado en el que defendió la necesidad de “proteger, defender y promocionar” los derechos sociales para “lograr así un verdadero estado social”.
En este sentido, su presidente, Luciano Poyato, juzgó necesario “avanzar en el fomento de los derechos sociales y en el desarrollo de normativas y cambios legislativos que aseguren su garantía”.
En concreto, la Plataforma plantea que los derechos sociales “queden configurados con el carácter de derechos fundamentales, como derechos subjetivos, suficientes, vinculantes y exigibles, con mecanismos plenos de protección y tutela, incluida la judicial”, según Poyato, que participará este miércoles en el acto de recepción con motivo del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados.
Para la plataforma, esta reforma sería “fundamental” para lograr “avances claros” en los derechos de toda la ciudadanía, pero “especialmente” para las personas que se encuentran en situación de “pobreza, exclusión social y vulnerabilidad”.
En este punto, reivindicó “consenso político” para “avanzar” en dicha reforma social de la Constitución e hizo un llamamiento a “todos los grupos políticos” en este sentido.
Esta petición ya aparecía en el manifiesto lanzado por la Plataforma el pasado 9 de octubre con motivo del Día Nacional del Tercer Sector, en el que señalaba que “los derechos sociales, en particular, no deben ser solo conceptos, sino piedras angulares de un estado social robusto y comprometido”.
En paralelo, coincidiendo con el 45º aniversario de la Constitución Española, la Plataforma del Tercer Sector solicitó la modificación de su artículo 49, “tanto en su contenido como en su ubicación”, con el fin de “desterrar” el término “disminuido”, al entender que “atenta contra la dignidad de las personas con discapacidad”.
Junto a ello, llamó a “actualizar su enfoque” al “paradigma” de derechos humanos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.