El viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico, Xabier Legarreta, ha clausurado el I Congreso Internacional de Derecho de Extranjería celebrado ayer y hoy en el Palacio Euskalduna de Bilbao. “Hablar de extranjería, acogida e integración es hablar de normas y procedimientos, pero también es hablar de personas. Esa doble dimensión obliga a trabajar con rigor. Rigor jurídico para garantizar derechos y obligaciones. Rigor administrativo para aplicar correctamente los procedimientos y rigor en el debate público para evitar simplificaciones que no ayudan a comprender una realidad compleja. Ese es el espíritu con el que cerremos hoy este Congreso” ha concluido Xabier Legarreta.
Las ideas principales recogidas como conclusión general en el I Congreso Internacional de Derecho de Extranjería, Acogida e Inmigración muestran que una política migratoria sólida no se define únicamente por el control de entradas ni por la aprobación de nuevas normas. Según el texto principal de las conclusiones la política migratoria se define por la capacidad de las instituciones y de la sociedad para convertir los derechos formales en oportunidades reales, coordinar responsabilidades y acompañar proyectos de vida.
El doctor en Sociología Xabier Aierdi ha sido el encargado de trasladar el conjunto de las conclusiones de un certamen que ha contado con 8 mesas redondas paralelas, 2 ponencias principales y con la participación de más de 700 personas y decenas de expertos y expertas en la materia. Estas son las principales conclusiones recogidas:
1. Una política migratoria centrada en las personas
Se comparte como idea central que las migraciones constituyen una realidad estructural y estructurante de las sociedades contemporáneas. No pueden abordarse únicamente como una cuestión de control fronterizo, gestión administrativa o cobertura de necesidades laborales. Exigen una mirada integral que combine derechos, seguridad jurídica, acogida, inclusión, participación y convivencia ya que detrás de cada expediente existe una persona con una trayectoria, una familia, capacidades y un proyecto de vida. Las intervenciones han coincidido en que la eficacia de las políticas migratorias debe medirse por su capacidad para garantizar derechos y generar autonomía, estabilidad y pertenencia. La regularización administrativa es un punto de partida, no una meta: debe conectarse con el empleo, la formación, la vivienda, la educación, la salud, los servicios sociales, el aprendizaje de lenguas y la participación comunitaria.
2. Pacto Europeo de Migración y Asilo: aplicación con garantías y gobernanza multinivel
La conferencia sobre Euskadi ante el Pacto Europeo de Migración y Asilo ha destacado que el nuevo marco común puede aportar mayor coordinación, procedimientos más homogéneos y un reparto más equilibrado de responsabilidades entre Estados. Se ha reclamado una mayor participación de las regiones en su proceso de identificación y de implementación, además, su valor dependerá de cómo se aplique. La rapidez de los procedimientos, la interoperabilidad de los sistemas y la preparación ante aumentos de flujos no pueden debilitar la asistencia jurídica, la identificación de vulnerabilidades, la protección de menores ni la supervisión independiente de los derechos fundamentales.
Las aportaciones de Mikel Antón, Alfred Woeger y Razan Ismail han convergido en la necesidad de una gobernanza multinivel real. Las autoridades autonómicas y locales no deben limitarse a ejecutar decisiones ajenas: han de participar en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas, porque son ellas las que conectan el marco europeo con los sistemas sociales, sanitarios, educativos y de acogida. También se ha reclamado una financiación suficiente para la integración, una comunicación pública basada en evidencias y una cooperación con terceros países que no subordine los derechos a los objetivos de control.
3. Legislación de extranjería y garantías jurídicas
La mesa dedicada a la legislación de extranjería ha evidenciado un sistema de gran complejidad, construido por la interacción entre la Ley Orgánica 4/2000, los sucesivos reglamentos, la jurisprudencia y el Derecho de la Unión Europea. José M.ª Pey ha señalado que, aunque la ley de referencia permanece, el modelo ha cambiado profundamente: el reglamento ha adquirido un papel central y los tribunales han debido fijar límites y garantías. Figuras inicialmente excepcionales, como el arraigo, se han convertido en vías ordinarias de regularización individual. Patricia Fernández ha puesto el foco en los efectos concretos de la norma: requisitos de vivienda, padrón, contratos o documentación que pueden operar como barreras de exclusión; dificultades para compatibilizar el asilo con otras vías de regularización; y riesgos de desprotección en frontera. La conclusión compartida fue que la irregularidad administrativa nunca puede anular los derechos vinculados a la dignidad humana. Se ha propuesto simplificar procedimientos, reducir la irregularidad sobrevenida, mejorar las oficinas de extranjería, flexibilizar renovaciones y garantizar que el interés superior de niños y niñas prevalezca sobre cualquier categoría administrativa.
La mesa sobre garantías jurídicas ha reforzado estas conclusiones. Las aportaciones de César Tolosa, Patricia Bárcena y Susana Cuesta han recordado que los derechos fundamentales corresponden a todas las personas, con independencia de su situación documental. Para que esta afirmación sea efectiva se requieren información comprensible, traducción, asistencia letrada, tutela judicial, acceso real al asilo y control de los espacios de privación de libertad. El Tercer Sector Social cumple una función decisiva al detectar barreras, acompañar casos, canalizar denuncias y promover cambios mediante la incidencia y el litigio estratégico.
4. Formación, empleo y extranjería: del contrato al proyecto de vida
La sesión sobre formación y empleo ha concluido que el envejecimiento y el relevo generacional harán imprescindible la aportación de población migrante al futuro de Euskadi. No obstante, las personas no pueden valorarse solo como respuesta a vacantes o necesidades productivas. Sus derechos y su dignidad son independientes de su utilidad económica. El reto consiste en transformar una necesidad demográfica y laboral en un proyecto compartido de prosperidad, cohesión y pertenencia.
Las conferencias y testimonios señalaron obstáculos muy concretos: lentitud de permisos y visados, homologaciones prolongadas, sobrecualificación, falta de reconocimiento de competencias, dificultades de vivienda y concentración en sectores precarios, especialmente los cuidados. Las transiciones digital y ecológica aumentarán la demanda de nuevas capacidades, por lo que serán esenciales la formación continua y unos itinerarios ágiles que conecten educación, acreditación y empleo. También se pidió actualizar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura y coordinar mejor administraciones, servicios de empleo, empresas y entidades sociales.
Las experiencias presentadas han mostrado que la inserción no termina con la firma de un contrato. Requiere condiciones laborales dignas, estabilidad, vivienda, apoyo familiar, aprendizaje, redes sociales y acompañamiento emocional. Las pequeñas empresas necesitan apoyo para formar y contratar; las personas trabajadoras necesitan seguridad para desarrollar un proyecto de vida. La calidad de la integración debe medirse por la autonomía y la permanencia, no solo por el número de puestos cubiertos.
5. Mujeres migradas: una perspectiva de género interseccional
El taller sobre mujeres migradas ha subrayado que la situación administrativa, el género, el origen, la posición socioeconómica y las responsabilidades familiares se combinan y pueden intensificar la desigualdad. Normas aparentemente neutrales —sobre empadronamiento, vivienda, homologación o reagrupación familiar— producen efectos distintos cuando se aplican a realidades desiguales. Por ello, la perspectiva interseccional debe incorporarse al diseño, ejecución y evaluación de todas las políticas migratorias, y no tratarse como un añadido.
Se han reclamado respuestas especializadas para las mujeres víctimas de violencia machista, especialmente cuando la dependencia económica, familiar o documental dificulta pedir ayuda. Entre las prioridades figuran ampliar el empadronamiento social, agilizar homologaciones, mejorar la conciliación y la protección de familias monomarentales, ofrecer atención psicosocial con adecuación cultural y lingüística y formar a profesionales para evitar estereotipos. Las redes comunitarias y las Casas de las Mujeres son esenciales, pero no sustituyen la responsabilidad institucional de eliminar barreras y prevenir la violencia institucional.
6. Acompañamiento, pertenencia y buenas prácticas
Las buenas prácticas analizadas han coincidido en distinguir entre “estar” y “pertenecer”. Una autorización o una atención puntual no garantizan inclusión. Los itinerarios deben ser personalizados, continuos y multidimensionales, con vivienda, formación, empleo, apoyo jurídico, participación y vínculos comunitarios. Programas como TRAPEZISTAK en Euskadi y PUOI Plus en Italia mostraron que la colaboración público-social y público-privada puede convertir la vulnerabilidad en autonomía mediante ventanillas únicas, acompañamiento profesional, prácticas tutorizadas e intermediación laboral.
La integración se construye principalmente en barrios, pueblos y ciudades. Por eso, los indicadores de éxito deben ir más allá del número de atenciones o expedientes: han de observar si las personas acceden a derechos, crean redes, participan, alcanzan autonomía y se sienten parte de la comunidad. El acompañamiento funciona mejor cuando escucha a las personas destinatarias y combina responsabilidad pública, experiencia del tercer sector e implicación empresarial.
7. Euskadi y los municipios: competencias al servicio de la integración
Las conferencias sobre nuevas competencias e instrumentos han afirmado que, aunque las decisiones sobre entrada, residencia y asilo se adoptan principalmente en Europa y en el Estado, la integración ocurre en el territorio. Euskadi, el Gobierno Vasco, las diputaciones y los ayuntamientos gestionan ámbitos decisivos —empleo, educación, vivienda, salud y servicios sociales— y deben disponer de capacidad, información y recursos para responder. La cuestión no es solo quién ostenta formalmente una competencia, sino cómo se coordinan las instituciones para ofrecer soluciones efectivas.
Se ha propuesto reforzar los mecanismos bilaterales entre el Estado y Euskadi, para que Euskadi tenga más competencias en materia migratoria e incorporar de forma estable a los municipios en la planificación apoyando especialmente a las localidades pequeñas y medianas con financiación, formación y asistencia técnica. El objetivo es evolucionar desde la estabilidad del sistema vasco de acogida e integración actual hacia uno más coordinado, evaluable y en el que haya una mayor participación de las personas migrantes en la vida pública.