Caritas Bizkaia atendió el pasado año a 12.096 personas, cifra ligeramente inferior a la del ejercicio anterior. Sin embargo, la entidad diocesana advirtió ayer en la presentación de su memoria anual de la cronificación de esa pobreza, con un ascensor social «parado» para muchas personas que tienen «prohibido el paso» a la sociedad de las oportunidades y cuyo «destino» es la precariedad.
La directora de la organización, Elena Unzueta, y la responsable del departamento de Análisis y Desarrollo, Ana Sofi Telletxea, constataron la existencia de «una brecha generacional» que «pone en riesgo el futuro» de la infancia y la juventud. «El 65% de las familias atendidas constituían familias con hijos, de las cuales casi la mitad fueron familias monoparentales encabezadas principalmente por una mujer», destacaron. Estas mujeres, generalmente «con bajos ingresos, migrantes, con baja cualificación, sin acceso al empleo o a empleos precarios y que tienen que afrontar solas la crianza», están en una «especial situación de riesgo de exclusión».
De hecho, el 52% de las personas acompañadas eran féminas y un 68% inmigrantes procedentes de más de cien países, casi la mitad (49%) de Latinoamérica. Ser de origen autóctono o estar en situación regularizada, matizaron, «no otorga» en cualquier caso «garantía de inclusión social», ya que el 51% de los usuarios responden a este perfil.
En general, expusieron, «las situaciones se han vuelto más complejas» mientras que «la precariedad y la incertidumbre se instalan en la vida de los grupos más vulnerables». Entre los principales factores que conducen a esa exclusión, detallaron, está que conseguir y mantener una vivienda «estable y digna» es «misión imposible», lo que «genera una profunda desigualdad».
Vinculado a esto, mencionaron el empadronamiento, «llave para el acceso a servicios y derechos» y que «ha pasado para muchas personas de ser un derecho a ser un bien de pago». En ese sentido, destinaron más de 270.000 euros a ayudas para el alquiler y facilitaron que 215 personas accedieran a 61 viviendas gestionadas por la Fundación Eguzkilore.
1.761 voluntarios
Además, incidieron, «el empleo ha dejado de ser una vía segura de estabilidad para las familias». «Contratos temporales, jornadas parciales, economía informal, obstáculos administrativos y falta de protección laboral –enumeraron– consolidan un modelo que expulsa a miles de personas de la plena inclusión».
La entidad destinó más de 2,4 millones de euros para ayudas económicas destinadas a la alimentación y la subsistencia en general, los procesos de formación y empleo y ayudas a la contratación. En el caso de las situaciones de exclusión más graves, el área de Personas Sin Hogar atendió a cerca de 1.800 personas a través del acompañamiento personalizado en sus centros de día, centro de noche y viviendas tuteladas. Para desarrollar estos procesos de acompañamiento, los trabajadores de Caritas contaron con la colaboración de 1.761 voluntarios, 277 incorporados el pasado año.