El Gobierno de la Generalitat catalana ha aprobado el Proyecto de ley de la Economía Social y Solidaria de Cataluña, que establece el reconocimiento formal e institucional de la Economía Social, así como los criterios que le dan sentido: la primacía de la persona y el interés colectivo por encima del lucro económico, y el cumplimiento de los principios recogidos en el su articulado.
La iniciativa legislativa es fruto del trabajo conjunto del sector y la Generalitat de Cataluña, durante hace más de cinco años, a través de la Asociación de la Economía Social y Solidaria de Cataluña (AESCAT), integrada por la Confederación de Cooperativas de Cataluña, la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, la Confederación Empresarial del Tercer Sector Social de Cataluña, la Federación de Mutualidades de Cataluña y la Xarxa d’Economia Solidaria (XES). En total, más de 7.400 organizaciones, con cerca de 140.000 trabajadores y una base social de 3 millones de personas (socios cooperativistas, socios de entidades, mutualistas…), y con un volumen de facturación de más de 8.000 millones de euros, según datos aportados por AESCAT.
En la construcción de la propuesta de ley se han recogido también aportaciones de múltiples agentes sociales y del mundo académico, políticos y de las asociaciones municipalistas, que la han enriquecido.
Principios y valores de la Economía Social y Solidaria, como requisito
El Proyecto de ley recoge elementos relevantes como, por ejemplo, los principios y valores que deben cumplir como requisito las entidades que quieren formar parte del sector de la Economía Social y Solidaria. Dichos valores son el interés general, el bien común, las personas y el objeto social por encima del capital y el lucro; los sistemas de gobernanza y participación democrática en la decisión y en la participación de los distintos colectivos que forman la entidad.
Asimismo, son principios de la economía social, según la Ley catalana, la transformación social y feminista, y la promoción de la igualdad de género; la generación de empleo estable y de calidad; las relaciones laborales justas y la equidad salarial, y el compromiso con el medio ambiente con la voluntad de hacer efectiva una transición energética y ecológica para revertir la emergencia climática.
Por otro lado, destacan también el arraigo en el territorio y la participación en el tejido social; la transparencia sobre la actividad, sistema de gobierno, gestión, retribuciones y distribución de excedentes si se realiza; la intercooperación con otras iniciativas de la Economía Social y Solidaria, y la independencia respecto de los poderes públicos y de otras empresas o entidades.
Estos valores y principios son requisitos que deben acreditar las entidades del sector que lleven a cabo una actividad económica y empresarial en Cataluña, cuyo cumplimiento serán verificados por el Registro de la Economía Social y Solidaria, según los indicadores y procedimientos establecidos por el Reglamento que el Gobierno deberá aprobar posteriormente.
Consejo Catalán de la Economía Social y Solidaria
El Proyecto de ley contempla la creación del Consejo Catalán de la Economía Social y Solidaria, como órgano consultivo y de asesoramiento, análisis y debate en las materias relacionadas con este sector. Este Consejo será responsable de fomentar y reforzar el diálogo entre las organizaciones de la Economía Social y Solidaria y las autoridades públicas catalanas en relación con la promoción, la participación, el reconocimiento, la evolución y la consolidación de este sector en Cataluña.
A propuesta del Consejo, el Departamento competente en la materia presentará al Gobierno de la Generalidad un Plan Nacional de la Economía Social y Solidaria cada tres años, y una diagnosis sobre la situación del sector en Cataluña que se haya tenido en cuenta para elaborar el Plan.
Medidas para promover la Economía Social y Solidaria
Aparte del Plan Nacional de Economía Social y Solidaria, el Proyecto de ley establece que las administraciones catalanas tendrán que promover medidas de sensibilización y formación del sector para promover el conocimiento y la visibilización entre la ciudadanía, el mundo profesional y, especialmente, en todas las etapas del sistema educativo y académico.
Además, las administraciones tendrán que promover la creación y el fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria en todo el territorio mediante, entre otras iniciativas, la colaboración pública, cooperativa, social y comunitaria con entidades del sector para la provisión de servicios públicos.
Asimismo, tendrán que velar para que las ayudas dirigidas al tejido empresarial catalán incluyan como beneficiarias a las organizaciones de la Economía Social y Solidaria.
Por último, el Gobierno impulsará la colaboración con las entidades de la Economía Social y Solidaria en las políticas públicas de vivienda social y asequible. En este caso, se priorizarán las entidades inscritas en el Registro de la Economía Social y Solidaria en las políticas de cesión de suelo o patrimonio público y el otorgamiento de ayudas públicas vinculadas a incrementar el parque de viviendas destinadas a políticas sociales.
Agradecimiento de AESCAT
El presidente de AESCAT, Guillem Llorens, ha expresado su agradecimiento al Gobierno “por todos estos años de trabajo conjunto” y a las fuerzas parlamentarias “que han creído en la idea de que es imprescindible hacer economía de una forma diferente, no basada únicamente en fines económicos y en que las personas sean las protagonistas al igual que la sostenibilidad de los proyectos”.
Llorens ha defendido también la importancia y peso que tiene la ESS en Cataluña: “Nuestra tradición asociativa, cultural y económica nos hace ser una realidad potente, que debe ser reconocida, fuertemente visibilizada y promocionada por parte de los gobiernos del país”.
La Ley de Economía Social y Solidaria de Cataluña deberá ser aprobada de forma definitiva por el Parlament de Catalunya que salga elegido tras las elecciones del próximo 12 de mayo.