El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, la firma de un nuevo convenio de colaboración entre este departamento y la asociación de intervención social Gaztedi para la ejecución de prestaciones en beneficio de la comunidad y reparaciones indirectas dirigidas a menores y jóvenes que cumplen medidas impuestas por los Juzgados de Menores de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La dotación económica prevista asciende a 60.000 euros hasta el año 2029, con una asignación anual de 15.000 euros durante cada uno de los cuatro ejercicios.
El Departamento de Justicia y Derechos Humanos, a través del Servicio de Justicia Juvenil, ejecuta las medidas dictadas por los Juzgados de Menores en Euskadi con la colaboración de entidades como Gaztedi, que desarrolla programas de prestaciones en beneficio de la comunidad y acciones de reparación indirecta, que consisten en actividades no remuneradas para la sociedad o personas vulnerables. El objetivo es que las y los menores comprendan el daño causado y favorecer su educación e integración social. Entre 2020 y 2025, el número de menores que han debido cumplir estas medidas ha sido el siguiente: 111 (2020), 161 (2021), 113 (2022), 79 (2023), 78 (2024) y, hasta la fecha, 51 en 2025. Durante la pandemia se registró un incremento significativo.
Las prestaciones en beneficio de la comunidad pueden realizarse en el propio centro asignado, como tareas de limpieza, arreglos o trabajos de pintura, o en el exterior, colaborando con entidades como EMAUS (recogida de muebles, carga y descarga) o la tienda de Deusto de Koopera Fundazioa (recepción, clasificación y reparto de ropa), entre otras. Asimismo, las reparaciones indirectas se aplican cuando no es posible reparar directamente a la víctima. En estos casos, el menor participa en actividades con valor reparador general, como campañas de sensibilización sobre el cuidado del entorno urbano, talleres educativos de convivencia, resolución pacífica de conflictos o desarrollo de la empatía.
En cuanto a la duración de las medidas, se contemplan cuatro categorías: reparaciones indirectas con una duración inferior a 30 horas, reparaciones indirectas iguales o superiores a 30 horas, prestaciones en beneficio de la comunidad con una duración inferior a 30 horas y prestaciones en beneficio de la comunidad iguales o superiores a 30 horas.
El objetivo del convenio, vigente desde 2015, es establecer las condiciones necesarias para el desarrollo del Programa de Prestaciones en Beneficio de la Comunidad, dirigido a las y los menores y jóvenes que deban cumplir esta medida judicial, así como de los procesos de Reparación Indirecta acordados en el marco de procedimientos de mediación. Ambos recursos, siempre bajo la dirección y supervisión del Departamento, buscan garantizar la ejecución efectiva de las medidas impuestas por los Juzgados de Menores, siempre desde el interés superior del adolescente, el respeto a sus derechos y una perspectiva educativa y de integración social.
El Departamento de Justicia y Derechos Humanos tiene la competencia exclusiva en materia de ejecución en el País Vasco de las medidas dictadas por los Juzgados de Menores, a través del Servicio de Justicia Juvenil, dependiente de la Dirección de Justicia. Para cumplir estos objetivos es imprescindible la colaboración con entidades educativas sin ánimo de lucro, que, bajo la dirección y supervisión del Departamento, puedan ejecutar esos programas de prestaciones en beneficio de la comunidad o de reparación indirecta impulsados por los órganos judiciales o las fiscalías de menores.