Oxfam Intermón ha elaborado el estudio de percepción social ‘Vivir la desigualdad 2025’, con una muestra de más de 4000 personas que han hablado sobre su día a día, sus renuncias, sus expectativas y su opinión sobre las principales causas que alimentan las desigualdades. Una de las principales conclusiones es que ocho de cada diez personas en España reconocen vivir en un país profundamente desigual. Sin embargo, seis de cada diez mantienen la esperanza: creen que es posible erradicar las desigualdades.
A pesar del crecimiento económico sostenido y la mejora de indicadores como el empleo o el salario mínimo, un porcentaje significativo de la población en España experimenta una sensación de estancamiento y vulnerabilidad. Esta afecta especialmente a mujeres, jóvenes, personas racializadas y hogares con menores ingresos. Según el informe, tres de cada diez personas afirman que sus ingresos no les permiten llevar una vida digna, y el 45% declara que la crisis de la vivienda les afecta.
“En un país donde más del 60% de quienes no tienen una vivienda en propiedad cree que no podrán acceder a una, la desigualdad es una realidad cotidiana que se ha cronificado en la vida de miles de personas” afirma Ernesto García López, coordinador del Informe ‘Vivir la desigualdad 2025’ de Oxfam Intermón.
La vivienda
La vivienda se posiciona, por primera vez, como la principal causa de desigualdad percibida, por delante incluso de la economía. El 73% de las personas inquilinas asegura sentirse directamente afectada por la crisis habitacional, frente a un 33% entre personas propietarias.
Además, esta desigualdad habitacional es estructural y se amplía: solo el 14,4% de las personas no propietarias ve probable poder comprar una vivienda algún día. Para la juventud sin respaldo familiar, el acceso al alquiler o a una hipoteca es prácticamente inalcanzable. Un dato lo demuestra: mientras que el 72% de las personas jóvenes de clase alta espera recibir ayuda familiar para adquirir una vivienda, más del 60% de este colectivo que pertenece a hogares de bajos recursos ven poco o nada probable recibir ayuda familiar para adquirir una vivienda.
Situación económica
A pesar de los avances en materia laboral impulsados por el Ejecutivo, como la reforma laboral o la subida del salario mínimo interprofesional, la situación económica de muchas familias sigue marcada por renuncias esenciales y malabarismos financieros. Un 37% de la población afirma necesitar un segundo empleo, aunque no puede compatibilizarlo con su vida actual. Cuatro de cada diez personas no pueden permitirse unas vacaciones ni una sola semana al año, y el 40% carece de ahorros suficientes para afrontar un gasto imprevisto de 600 euros. Además, una de cada cuatro ha tenido que solicitar ayuda económica a familiares o instituciones.
“Los apuros siguen siendo el día a día para muchos hogares. Se están cronificando algunos recortes vinculados con el consumo de productos básicos, como la alimentación, el ocio, el acceso a ciertos servicios sociosanitarios como dentista, fisioterapia, etc.” continua García.
Estos datos son aún más alarmantes entre mujeres, jóvenes y personas racializadas, que también presentan mayores niveles de insatisfacción laboral, especialmente cuando se encuentran en situaciones de empleo parcial, temporal o fijo-discontinuo. De este modo, el informe muestra que más de una de cada cuatro personas racializadas no puede costearse medicamentos por problemas económicos. Y el 60% de las mujeres ha tenido que reducir su gasto en ocio y cultura, un porcentaje sensiblemente mayor que entre los hombres.
Nuevos ejes de vulnerabilidad
El 56% de la población percibe positivamente su salud física y mental, pero las renuncias económicas en salud son significativas. Una de cada cuatro personas deja de ir al dentista por motivos económicos, y muchas más renuncian a fisioterapia o tratamientos psicológicos.
En paralelo, el 52% habría querido continuar su formación, pero no pudo por motivos económicos. De nuevo, mujeres, jóvenes y personas con menor renta lideran esta estadística, lo que refuerza un círculo de desigualdad difícil de romper.
El informe también constata un amplio respaldo social a medidas de redistribución, donde una mayoría apoya impuestos extraordinarios a la banca y a las grandes energéticas. Los datos muestran cómo el 73% cree que el sistema fiscal no distribuye bien la riqueza. Mientras que casi seis de cada diez piensan que las grandes fortunas y grandes empresas pagan poco.
Además, cuatro de cada diez personas señalan a las administraciones públicas como principales responsables de la persistencia de las desigualdades, ya sea por acción o por no luchar decididamente contra ellas. Pero también las reconocen como agentes con mayor capacidad para revertirlas.