La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, se ha reunido con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Durante el encuentro se han analizado las medidas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 orientadas a garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada para las personas en situación de vulnerabilidad social y económica.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha explicado, a lo largo de la reunión, que las entidades sociales «trabajamos a diario junto a las personas y familias más afectadas por la crisis habitacional» y ha manifestado su preocupación por que la vivienda se ha convertido «en el principal agujero del Estado del bienestar y en un determinante directo de la pobreza y la exclusión social». Por eso, ha señalado, las políticas de vivienda deben orientarse a «la promoción de vivienda social, la rehabilitación del parque existente, la reserva efectiva de suelo público y la penalización de la vivienda vacía».
Precariedad residencial
Además, Poyato ha destacado que «más de 4,6 millones de hogares en España enfrentan dificultades para acceder y mantener una vivienda digna. La mayoría de quienes viven de alquiler están en riesgo de pobreza, y una gran parte de los inquilinos destinan más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda. Esta situación, agravada por el aumento cogenerane de los precios del alquiler frente a unas rentas que no crecen al mismo ritmo, genera una precariedad residencial que no podemos ignorar»
La vivienda: derecho humano y social básico
Por eso, la Plataforma del Tercer Sector y sus entidades miembros han realizado varias aportaciones y propuestas al Plan Estatal de Vivienda, entre las que destacan la necesidad de considerar «la vivienda no solo como un bien económico, sino como un derecho humano y social básico, estrechamente vinculado a la salud, la educación, el empleo y la igualdad de oportunidades» tal y como ha señalado la directora ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector, María José Juanes.
También se ha planteado la incorporación de ayudas complementarias ligadas al Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones sociales, así como la asignación de al menos un 40 % de la financiación del Plan al incremento del parque de vivienda social y asequible, reservando una parte para vivienda de emergencia social. Además, se propone reforzar las ayudas al alquiler y la emancipación, con especial atención a jóvenes, familias monoparentales y a la infancia en situación de pobreza. Finalmente, se ha solicitado la creación de un mecanismo estable de participación del Tercer Sector en la gobernanza, seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Vivienda.
En la reunión también han participado Carlos Susías Rodado, vicepresidente de Derechos Sociales, Transición Justa e Internacional y presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, EAPN-ES; Patricia Sanz Cameo, vicepresidenta de Igualdad y Transformación Digital y vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos, Cultura Institucional, e Inclusión Digital de la ONCE; Carles López Picó, vicepresidente de Diversidad, No Discriminación y Justicia Intergeneracional y presidente de la Plataforma de Infancia y María José Juanes Burgos, directora ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector, además de otras organizaciones sociales.
La Plataforma del Tercer Sector reitera su plena disposición a colaborar con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 sea en un instrumento eficaz, inclusivo y con impacto real sobre las personas que más lo necesitan.