La Diputación Foral de Álava ha incrementado las ayudas destinadas a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro del territorio y el Enclave de Treviño que desarrollan iniciativas para proteger a quienes luchan por los derechos humanos en el marco de la cooperación alavesa. Ya está abierta la nueva convocatoria del Mecanismo Alavés de Incidencia y Protección (MAP) a las personas defensoras de los derechos humanos, un instrumento que se puso en marcha por primera vez el año pasado. La dotación para el 2026 se eleva a 48.000 euros, un 20% más que el pasado ejercicio.
Esta ayuda se dirige a acciones vinculadas con la incidencia y protección de toda persona que, individual o colectivamente, y de forma pacífica, promueve y procura la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el marco de intervenciones relacionadas con la cooperación alavesa.
En su primer año de existencia, el MAP ha prestado ayuda a activistas de derechos humanos de Guatemala, Guinea-Conakry, República Democrática del Congo y El Salvador.
La ‘Declaración sobre las personas defensoras de los derechos humanos’ de la ONU reconoce que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.
Sin embargo, la situación de las personas defensoras de los derechos humanos en todo el mundo es motivo de profunda preocupación. Muchas se han visto estigmatizadas, difamadas y marginadas. También han sido objeto de amenazas, acoso y vigilancia. Otras han sido agredidas, violadas, asesinadas y desaparecidas. Es frecuente asimismo que sufran detención y prisión arbitrarias y sean juzgadas y condenadas en virtud de acusaciones falsas. Con frecuencia, se les aplican leyes y reglamentos que vulneran sus derechos, en particular su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de circulación.
Mediante esta ayuda, se prestará especial atención a aquellos grupos de personas defensoras que se encuentran en especial riesgo en la defensa del medio ambiente, la tierra y los pueblos indígenas, de los derechos sexuales y reproductivos o contra la violencia, de los derechos relacionados con la orientación sexual e identidad de género, derechos laborales, en defensa de las personas víctimas de trata y de población refugiada, y periodistas comunitarios, entre otros.
Las medidas de protección que contempla son aquellas que brindan una seguridad integral, de tipo física, económica, política, digital, y psicosocial, así como el apoyo en situaciones de emergencia, como subsidios para la subsistencia, iniciativas de reubicación, búsqueda de alojamiento y espacios de trabajo seguros, o acompañamiento para su protección.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el agotamiento de la consignación presupuestaria y de su posible ampliación