El 15 de febrero de 2024, el Parlamento Vasco ha aprobado una nueva Ley de Cooperación y Solidaridad que fija el marco para las futuras políticas vascas de cooperación para el desarrollo. Ha contado con el amplio apoyo del PNV, PSE-EE, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP.
Desde la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi consideramos que esta nueva norma refleja la necesidad de avanzar hacia el histórico objetivo del dedicar el 0,7% del presupuesto del Gobierno Vasco a políticas de cooperación. Valoramos que esta norma dote de una mayor relevancia política y social a las iniciativas de cooperación internacional en Euskadi, y que reconozca la trayectoria y el papel fundamental de las ONGD vascas como agente impulsor de esas políticas. Consideramos que es positivo que plantee la apertura y la flexibilización de los procesos burocráticos en la gestión de los proyectos de cooperación, así como que se avance en una mayor coordinación interinstitucional. Asimismo, consideramos que es oportuno que también asuma el enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo, lo que implica a otros departamentos de las instituciones para que sus actuaciones sean coherentes con los principios y objetivos de la política de cooperación.
Pese a que no es la ley que hubiésemos redactado, reconocemos el esfuerzo realizado por el Gobierno Vasco para que el proceso de elaboración, que ha durado más de dos años, haya sido participativo. También su voluntad para incorporar aspectos que como organizaciones de la sociedad civil nos parecen fundamentales, por ejemplo, el reconocimiento al papel esencial y tractor de las ONGD, y que han mejorado el documento. También valoramos que los partidos políticos hayan deseado alcanzar un amplio consenso, así como el papel protagonista que nos han otorgado escuchando, atendiendo e incorporando en el texto legal nuestras demandas, que son fruto de una larga experiencia y de décadas de trabajo con las poblaciones más vulnerables del mundo.
Sin embargo, nos preocupa que la bienvenida a nuevos agentes al trabajo de la cooperación pueda distorsionar el objetivo transformador de mismo, cuestión que sí abordaba en profundidad la ley anterior. También consideramos que solo el compromiso presupuestario no asegura su cumplimiento automático, aunque con esta nueva norma se avanza en su incorporación al articulado. Por ello, expresamos cierta cautela, ya que la anterior ley de 2007 ha sido sistemáticamente incumplida por las instituciones.
Afrontamos este nuevo tiempo para la cooperación vasca con ilusión y satisfacción. Confiamos en que esta nueva norma y sus posteriores instrumentos que se tendrán que desarrollar apuntalen unas políticas vascas de calidad y estables, y fijen el marco necesario para que volvamos a ser un referente internacional en el actual contexto cambiante, lleno de incertidumbre y amenazas que afectan en todos los rincones del planeta. En definitiva, esperamos que este marco legal sea el primero de los pasos en la consolidación de una política que afronta nuevos retos, y donde las organizaciones de la sociedad civil vemos una oportunidad para seguir dibujando un mundo mejor.