La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se ha elaborado decálogo para abordar la crisis social generada por la pandemia de COVID-19 desde los Servicios Sociales, en el que se resume las acciones prioritarias a realizar, ente ellas reconfigurar los servicios sociales como servicios esenciales y evitar el sufrimiento de las personas vulnerables con prestaciones y servicios por derecho que eviten riesgos sociales y la quiebra de la cohesión social.
Los Servicios Sociales pasarán en España de seis millones de personas usuarias a diez millones antes de final de año, y cuando afloren las peores consecuencias de esta crisis sanitaria se volverán a hacer evidentes sus efectos sobre la pobreza y la exclusión social en enormes sectores de población, a los que atiende un sistema disperso y recortado al que no acaba de llegar ni la financiación suficiente ni los cambios normativos para aplicarla, advierte la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Esta Asociación propone adoptar las siguientes medidas:
- Establecer la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones reconocidas, porque los procedimientos administrativos son tan complejos y eternos que se vuelven ineficaces.
- Aplicar el silencio administrativo positivo a todos los procedimientos que afectan a las personas en lista de espera de cualquier prestación (dependencia, rentas mínimas, PNC, ayuda a domicilio…)
- Aprobar el Ingreso Mínimo Vital desde el Sistema de Rentas gestionada por la Seguridad Social, como una prestación universal no condicionada de derecho subjetivo y donde las rentas mínimas autonómicas le sean subsidiarias y complementarias.
- Garantizar los proyectos de intervención con los menores y adolescentes en situación de riesgo.
- Reorganizar el Servicio de Ayuda a Domicilio para ajustar con nuevas intervenciones a las personas beneficiarias y/o a otras nuevas usuarias. Aumentar los servicios de teleasistencia domiciliaria para aquellos mayores de 65 años. Asegurar la atención a las cien mil personas en situación de dependencia beneficiarias de centros de día.
- Monitorizar los datos de las residencias para implantar un sistema de alerta temprana y seguimiento (con habitaciones individuales). Implantando un protocolo que garantice la atención sanitaria de los residentes desde los centros sanitarios públicos.
- Implementar planes integrales en zonas desfavorecidas o barrios vulnerables que posibiliten la convivencia positiva y la inserción social de sus poblaciones.
- Promover la complementariedad de las acciones del tercer sector, desde la directriz de la administración pública, sobre los derechos de ciudadanía que garantiza el Sistema Público de Servicios Sociales.
- Incorporar a los equipos asesores de expertos de los gobernantes a especialistas en la gestión de los Servicios Sociales.
- Poner en la agenda pública los servicios sociales como cuarto pilar del Estado del Bienestar.