Juristas y entidades del tercer sector debaten sobre los procesos de revisión y los desafíos a los que se enfrentan
¿Las tutelas existentes hasta ahora limitaban la autonomía de las personas con discapacidad? ¿Qué importancia tiene la reforma legal que regula las capacidades jurídicas de estas personas en una sociedad cada vez más envejecida? A estas y otras preguntas se dio respuesta ayer en la mesa redonda del IV Foro Jurídico de Gipuzkoa, en la que participaron Catalina Pedrero, fiscal delegada en tema de discapacidad; Ane Fadrique, magistrada de Irun; Susana Montesino, de la Fundación Hurkoa; y Valentina Montero, notaria de Tolosa. Moderado por la redactora de este periódico, especialista en la información de tribunales, Aiende S. Jiménez, el coloquio centró su atención en esta reforma legal que obliga a implicar a toda la sociedad y a todos los poderes públicos, reclamaron.
En un plazo de tres años, la nueva ley obliga a la Justicia a revisar todos los expedientes de tutela existentes hasta la fecha para adaptarlos a la nueva normativa, que elimina las incapacitaciones y aboga por figuras jurídicas menos limitantes. «La reforma de la ley se hace bajo unos principios completamente distintos. Es un proceso muy delicado y exquisito. Supone revisar sentencias de personas que han sido privadas de su capacidad», explicó Catalina Pedrero Redondo. Para ello, añadió, es imprescindible «estar en contacto con esa persona».
En Euskadi «hubo una primera reunión que se hizo en noviembre donde se reclamó la creación de equipos multidisciplinares que son esenciales para abordar todo este proceso de revisión y provisión de apoyos que hay que dar a las personas cuando vienen solicitando ayuda para su ejercicio de la capacidad jurídica. A veces que habrá que archivar, apoyar o suplir. Y eso hay que hacerlo con pausa y con sensibilidad», indicó la fiscal.
Ya está en marcha la revisión de más de 2.000 expedientes en el territorio, pero el futuro pasa por «una mayor concienciación de la sociedad» para prevenir situaciones similares a las que ahora se están revisando. «La reforma es importante. Cambia no solo las formas y las palabras, cambia los principios básicos con los que veníamos trabajando», expuso Susana Montesino.
En una sociedad cada vez más envejecida, en pocos años «habrá un grupo numeroso de personas con problemas de deterioro cognitivo o alzhéimer. Hay que ir creando una cultura y conocimiento en la sociedad para que la gente prepare su futuro». Se refiere así a las personas que «en este momento pueden estar bien, pero nadie está exento de tener una discapacidad en cualquier momento». Uno de esos ‘quehaceres’ sería tener un poder preventivo. «Medidas de apoyo de carácter voluntario, que son las prioritarias para la reforma» que garantiza los derechos.
¿Más desprotección?
«Es la aptitud para el ejercicio de la actividad jurídica en un momento concreto con y sin apoyos. Ante un notario se ejercitan los derechos y la capacidad jurídica. Hacemos un control de legalidad e informamos a las personas de las consecuencias de sus actos y que presten un consentimiento de forma libre», apuntó la notaria, que añadió que esta «es una reforma que se produce en el modelo social y está llegando al modelo jurídico». Ellos ya tienen sus pasos clave a seguir: «Inmediación, control de legalidad y tiempo es como juzgamos nosotros la capacidad o actitud para el ejercicio de las personas».
Pero ninguna ley es efectiva si la sociedad no conoce el alcance de la misma. Este es uno de los aspectos que preocupa a la jueza Ane Fadrique, la «falta de información» que aprecia entre las familias de las personas con discapacidad. «Tenemos que hacer un ejercicio de facilitar la información, trasladarla… Habrá que ver el recorrido de esta ley, pero por parte de la sociedad falta mucho conocimiento». A este desconocimiento se le suman los prejuicios, «tenemos que ir quitándonos ese lastre», y la necesidad de mejorar la accesibilidad al sistema judicial «Tenemos que partir de medios preferentemente presenciales, atendiendo a esa personas con tiempo y humanidad».