La institución foral renueva el decreto que regula el Consejo de Personas Mayores, ampliando en tres miembros la participación de estas entidades del tercer sector y adaptándose a los nuevos tiempos
En 1999 se creó el primer Consejo de Personas Mayores de Bizkaia para servir de cauce y difusión de las «experiencias enriquecedoras acumuladas» por el colectivo al que representa y facilitar su participación y sus aportaciones a la vida pública. Desde entonces, trabaja para aglutinar las inquietudes y propuestas de 180 asociaciones que integran la Federación Nagusiak y que cuentan con «50.000 socios que pagan su cuota, algo que no tiene parangón en Europa”, según ha subrayado este miércoles el diputado de Acción Social, Sergio Murillo, durante una comisión solicitada a petición de EH Bildu y Elkarrekin Podemos para informar del nuevo decreto foral que regula desde el 1 de septiembre a este organismo para adaptarlo a las nuevos tiempos y normativas vigentes.
Según ha destacado, las modificaciones incorporadas van a hacer el consejo “más operativo”, fomentando una “mayor participación y asegurando la pluralidad”. Murillo ha precisado que este órgano se ha convertido en “parte de todo un engranaje que trabaja para mejorar las políticas públicas de las personas mayores” y que incluye también grupos de trabajo interinstitucionales para hablar de los servicios sociosanitarios, los centros forales o los servicios sociales.
Entre las novedades que incorpora el nuevo decreto, además de crear una secretaría técnica, amplia su composición con la incorporación de tres nuevos consejeros (pasa a tener un total de 11) procedentes de estas entidades de la sociedad civil. Es la cuarta reestructuración que afronta este consejo en sus 21 años de trayectoria. La primera se produjo en 2005, la segunda en 2010 y la tercera en 2013. El diputado de Acción Social ha remarcado que esta última actualización se ha adoptado tras una “reflexión interna que ha sido compartida con los agentes del tercer sector”, que se ha adoptado en el seno del consejo y con la unanimidad de todos sus miembros.
«En estos últimos años se han aprobado leyes importantes para impulsar el dialogo con la sociedad civil como la del Tercer Sector Social en Euskadi«, ha remarcado Murillo para explicar la idoneidad de adoptar esta renovación del Consejo, »que en la práctica es reconocer una realidad de derecho de una realidad de hecho que se ha ido dando en su seno con su evolución a lo largo de estos años«. Además, se han incorporado criterios para impulsar la igualdad de género en su composición y actividad, así como el fomento del euskera.
“Concienciar sobre la vejez”
Según reza el nuevo decreto que actualiza su regulación, . Entre ellas, sobre las políticas de actuación que más le afecten. Para mejorarlas, los miembros de este órgano tienen capacidad para impulsar políticas de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia, así como de “ susceptibles de facilitar la integración social de colectivos de personas mayores y la atención asistencial a las mismas”. También el decreto foral les habilita el derecho a “conocer e informar y asesorar” sobre estos proyectos y, además, “proponer líneas estratégicas, prioridades de actuación, así como actuaciones concretas” en el ámbito de las políticas dirigidas a este colectivo.
Sus competencias incluyen aportar iniciativas sociales tendentes a lograr un mayor bienestar, y promover”medidas, campañas, estudios o investigaciones” con este objetivo. Otro de sus objetivos es “fomentar la solidaridad, la integración y las relaciones intergeneracionales” y “promover la participación social de las personas mayores y el asociacionismo entre ellas, así como el voluntariado al servicio de estas. Por último, el consejo se pone también la obligación de “concienciar en torno a la vejez, como un valor en la sociedad, tanto la de quienes mantienen autonomía, actividad e implicación social, como en situación de fragilidad y dependencia, difundiendo en todo caso mensajes que contribuyan a obviar estereotipos contrarios a dichos valores”.
Desde Elkarrekin Podemos, Héctor Fernández ha mostrado sus “dudas” de que estos cambios repercutan en una mayor participación de la sociedad civil. Arantza Urkaregi, de EH Bildu, ha criticado la “escasa” información en relación a la existencia y trabajo de este consejo, y ha pedido a la Diputación que se abra el órgano a una “mayor participación” de entidades que no están ahora representadas, entre ellas el movimiento de pensionistas.