La Taula del Tercer Sector ha propuesto acciones para fortalecer el marco legal para que el acceso a Internet sea reconocido como derecho fundamental a fin de frenar la brecha digital y social, según un comunicado de la entidad.
El m4Social, proyecto de innovación digital de la Taula del Tercer Sector, ha presentado este miércoles un informe que plantea distintas recomendaciones para que las administraciones, la misma Taula y el conjunto de entidades sociales hagan efectivo el derecho a Internet.
El estudio de m4Social, elaborado por el Observatori Desc y femProcomuns, tiene el fin de promover el debate sobre el derecho a Internet para evitar que las personas en situación vulnerable queden “aún más al margen de la sociedad”.
La entidad ha advertido de que la pandemia ha evidenciado la creciente brecha digital, a su juicio, y que no tener acceso a la red es “un factor más de exclusión social que agravia las desigualdades existentes”.
Han argumentado que condiciona el acceso a otros derechos esenciales como la educación, el trabajo, la salud, la participación o la relación con las administraciones; y un 20% de los adultos atendidos por las entidades sociales no puede acceder a Internet siempre que quiere, según la Taula.
CAUSAS
Sobre las causas, en un 40% de los casos se debe al precio, pero también han apuntado razones como la falta de competencias y habilidades de uso –cerca de un 20%– y tenerse que desplazar fuera del domicilio para poder acceder a Internet –13%–, en datos recogidos por un estudio de m4Social de 2020.
Entre las propuestas de la organización, están reformar la Constitución para introducir el derecho a Internet como un derecho fundamental, crear un bono social para los hogares con más dificultades socioeconómicas y promover la capacitación digital.
También han planteado como una “buena herramienta” el programa de la Unión Europea que financia a los municipios para que instalen un acceso gratuito a Internet en lugares públicos, el wifi4EU.
La Taula ha recogido referencias internacionales como Estonia, que cuenta desde el año 2000 con una ley de telecomunicaciones que contempla el acceso a Internet como un derecho humano básico, o Francia, donde cortar la conexión se considera una restricción inconstitucional del derecho a la libertad de expresión y comunicación.