Las restricciones de circulación impuestas en los campamentos para frenar la pandemia de COVID-19, unidas a la incertidumbre económica, están reduciendo los medios de vida de las adolescentes refugiadas, que dependen, en su mayoría, del comercio o trabajan como empleadas domésticas en ciudades cercanas.
La pandemia de la COVID-19 está teniendo un efecto devastador en las niñas y adolescentes refugiadas de todo el mundo, dificultando su acceso a la educación, a los servicios de salud sexual y reproductiva, a sus fuentes de ingresos habituales y exponiéndolas a un mayor riesgo de sufrir diferentes tipos de violencia, según una investigación de Plan International, organización humanitaria que trabaja en defensa de los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas.
Esta conclusión es parte del estudio “Cerca del Contagio”, presentado por la ONG en el marco de la Semana de las Personas Refugiadas, que revela que los riesgos y efectos derivados del coronavirus son mayores para las adolescentes refugiadas, uno de los grupos más vulnerables, que parte de una situación desigual que está empeorando por la pandemia.
“En un momento en el que la cifra de personas desplazadas forzadamente alcanza los 70,6 millones, un máximo sin precedentes, la pandemia de la COVID-19 ha trastocado por completo la vida de las adolescentes refugiadas, que se enfrentan a un futuro muy incierto y están mucho más expuestas que antes, por las medidas de confinamiento, al matrimonio infantil, la violencia, los abusos y la explotación”, señala Concha López, directora general de Plan International.
La mayoría de los campamentos de personas refugiadas y desplazadas están superpoblados, y las medidas para evitar la transmisión del coronavirus, como el distanciamiento físico y el lavado de manos frecuente, son muy difíciles de aplicar. La falta de servicios básicos, como el acceso a agua limpia y jabón; la fragilidad de los sistemas sanitarios por la falta de personal y materiales, así como el escaso acceso a la información hacen que prevenir la transmisión resulte casi imposible. Sumado a esto, en muchos países de acogida, el derecho de las personas refugiadas a recibir protección social y atención sanitaria está limitado o no existe, lo que agrava aún más su situación de vulnerabilidad.
“Estoy muy preocupada por la pandemia de la COVID-19 porque vivo en un lugar superpoblado donde la mayoría de las personas son muy pobres. Si esta pandemia llega aquí, teniendo en cuenta la gran rapidez con la que se está propagando, muchas personas se contagiarán, y será muy difícil controlarla”, dice Rose, una joven de 19 años que vive en el campamento de personas refugiadas de Dzaleka, Malaui.
Actualmente, más de ocho millones de niños y niñas refugiados han dejado de asistir a clase. El cierre de las escuelas en los campamentos no solo está dificultando que las niñas y adolescentes sigan las clases en remoto por la falta de internet, sino que las ha apartado de los espacios seguros que son para ellas las escuelas, en los que suelen estar más protegidas contra distintas formas de violencia como el abuso, la explotación o el trabajo infantil. Además, las está privando de recibir servicios básicos de alimentación y nutrición, porque no pueden acceder a los comedores, y de recibir apoyo psicológico.
Las restricciones de circulación impuestas en los campamentos para frenar la pandemia de la COVID-19, unida a la incertidumbre económica, también están impactando directamente en los medios de subsistencia de las adolescentes refugiadas, que dependen, en su mayoría, del comercio o trabajan como empleadas domésticas en ciudades cercanas.
Muchas mujeres refugiadas, al menos el 25% de ellas, son cabezas de familia, y viven gracias al cultivo de tierras, una fuente fundamental de alimento e ingresos para cubrir sus necesidades básicas. Los efectos económicos derivados de la pandemia podrían afectar a los medios de subsistencia de estas mujeres, incluso cuando se levanten las restricciones.
El aislamiento, unido a la tensión provocada por la situación, la inseguridad alimentaria y la imposibilidad de acceder a la educación, está aumentando los casos de violencia hacia las adolescentes refugiadas y dificultando su acceso a servicios de ayuda. En Egipto, las investigaciones revelan que en el 25% de los hogares de refugiados sirios, las niñas y jóvenes son víctimas de violencia de género y abuso. Por otro lado, en el campamento de Cox’s Bazar se ha registrado aumento de casos de violencia infligida por la pareja y de matrimonio infantil.
A pesar de las grandes dificultades que enfrentan, las adolescentes refugiadas también demuestran capacidad de adaptación, poseen aptitudes empresariales, manifiestan el deseo de ayudar a las demás personas y son optimistas respecto al futuro. En los asentamientos y campamentos de personas refugiadas y desplazadas están poniendo en práctica sus conocimientos y habilidades, tanto en la respuesta a la crisis de la COVID-19 como a la hora de abordar otras cuestiones como, por ejemplo, la falta de dinero, alimentos y seguridad.
En este sentido, la organización recomienda a los gobiernos, autoridades, la comunidad internacional y otros organismos implicados que:
- Todas las respuestas a la crisis incluyan un análisis de género y edad para poder garantizar el acceso de las adolescentes refugiadas a los servicios de protección, especialmente frente la violencia de género, la explotación, los abuso y el abandono.
- Se garantice el acceso de las adolescentes refugiadas a una educación y formación inclusiva que se adapte a los desafíos específicos, como el apoyo a adolescentes embarazadas.
- Las autoridades y organizaciones humanitarias fomenten la participación y el liderazgo de las niñas, adolescentes y jóvenes en los planes de respuesta.
- Facilitar el trabajo de las organizaciones humanitarias para que puedan continuar prestando servicios esenciales para las personas refugiadas y desplazadas.
- Los Estados y las organizaciones aceleren el compromiso adoptado en el Foro Mundial sobre Refugiados con el fin de ofrecer más ayuda en las áreas de salud, agua y saneamiento, higiene, protección social y medios de subsistencia.