El Gobierno Vasco ha dado luz verde al anteproyecto de la Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad, que adaptará la norma de 2007 a nuevos retos globales como el aumento de las desigualdades, los fundamentalismos o el cambio climático. El texto incorpora las aportaciones de decenas de agentes –administraciones, ONGD, organizaciones feministas y LGTBI+ o asociaciones de migrantes– y nace con un doble desafío. Por un lado, se pretende reforzar el objetivo de destinar anualmente el 0,7% del PIB a cooperación, cifra de la que Euskadi está lejos y más lejos aún de países como Suecia (1,13%), Luxemburgo (1,02%), Alemania (0,74%) o Dinamarca (0,73%) e incluso el Estado español (0,22%). Y por otro lado, busca “transitar hacia un modelo más abierto, que convoque al conjunto de la sociedad y que se adapte de forma eficaz a los cambios que se dan a nivel internacional”.
Así lo señaló ayer la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, durante el pistoletazo de salida de la tramitación de la futura ley. Sin perder de vista que el objetivo de la ley es impulsar la solidaridad con las gentes y pueblos del Sur, el nuevo marco busca poner en valor los valores que distinguen al tejido asociativo y a la propia sociedad vasca los últimos años en favor de la ayuda internacional. Muestra de estos aspectos singulares son el cooperativismo, la diversidad lingüística, las agendas feministas o la labor de los procesos de paz y la resolución de conflictos.
NOVEDADES Una de las principales novedades del texto es su ámbito de aplicación. A diferencia que la ley vigente, el nuevo marco involucrará tanto en la Administración General como a las tres diputaciones, municipios y universidades públicas, entre otros. Según Artolazabal, este cambio de paradigma obedece a la necesidad de dar “coherencia” a las políticas para el desarrollo sostenible, “fundamental” para que cada administración analice “su responsabilidad e impacto de políticas en los países del Sur y mejorar la coordinación con otros agentes. Dicho de otro modo, poner la financiación en la misma cesta de los diagnósticos compartidos para ganar eficacia.
Recientemente, la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi, formada por 81 ONG, valoró “el esfuerzo” realizado por las instituciones vascas en sus partidas de cooperación durante la crisis provocada por la covid-19, si bien instó a huir de “discursos triunfalistas” porque, en su opinión, Euskadi está “lejos aún de su capacidad real” para destinar fondos a la solidaridad internacional. Las siete principales instituciones (Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno Vasco, las diputaciones forales de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia, y los ayuntamientos de Donostia, Gasteiz y Bilbao) han destinado este año a la cooperación internacional es de media el 0,39% de sus respectivos presupuestos, lo que sitúa a Euskadi “a la cabeza del Estado”