La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), Cáritas y Oxfam Intermón se felicitaron este lunes en el Congreso de los Diputados por la aprobación y puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), aunque destacaron la necesidad de “ampliarlo y asegurarse de que los recursos de las comunidades autónomas sirven para llegar a más gente”.
Así lo expusieron ante el grupo de trabajo sobre Políticas Sociales y Sistemas de Cuidados de la comisión de reconstrucción tanto el presidente de la EAPN, Carlos Susías, como la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, y la responsable de Relaciones Institucionales Incidencia Política de Oxfam Intermón, Lara Contreras.
Según Susías, el Ingreso Mínimo Vital es una prestación “muy acertada, muy necesaria y muy mejorable”. “Ahora es preciso trabajar con las comunidades para que los recursos (que las autonomías solían invertir en sus rentas mínimas de inserción) sirvan para completarlo”, reclamó.
En la misma línea se pronunció Natalia Peiro, de Cáritas, quien llamó a trabajar para que las comunidades autónomas lo complementen y no “se ahorren recursos” gracias a esta ayuda. A su juicio, la aprobación del IMV ha sido una medida positiva, pero resulta insuficiente. “Su umbral de cobertura es demasiado bajo”, aunque aseguró “comprender las circunstancias en las que se ha aprobado” y que, en dicha situación, “se ha hecho lo mejor posible”.
En su opinión, son “los hogares con más de dos menores a cargo los peor cubiertos” con la actual prestación. De ahí la necesidad de ampliar el ingreso mínimo que “actualmente está diseñado para alcanzar a la mitad de las personas que en España viven en situación de pobreza severa”.
Por su parte, Lara Contreras, de Oxfam, destacó que la puesta en marcha de esta ayuda ha sido “una medida diferente a lo que se ha hecho en otras crisis”, por lo que la calificó de “muy necesaria y positiva”. Sin embargo, “esperamos que sea sólo el primer paso y que se amplíe su cobertura”. “Las comunidades autónomas deben sumar y no dedicar ese dinero a otras cosas”, señaló.
SOLUCIÓN PARA LOS MIGRANTES
Los tres responsables coincidieron en reclamar soluciones para las miles de personas en situación administrativa irregular que viven en España y que, entre otras cuestiones, han quedado fuera de esta ayuda. “La solución con ellos no puede ser no hacer nada, subrayó Susías.
“Tenemos en el país decenas de miles de personas que no pueden trabajar, que no pueden tampoco ser deportadas, que no pueden seguir ningún itinerario de inserción… Por eso, es preciso regularizar su situación”, exigió.
Peiro y Contreras defendieron también “una regularización extraordinaria” de la población extranjera en España porque “viven aquí, trabajan aquí y también contribuyen aquí”. “Sus hijos son niños que viven en España y tienen el mismo derecho a ser protegidos que los demás niños”, sostuvo Contreras.
NIEGAN EL EFECTO LLAMADA
Susías aprovechó su turno de réplica para rechazar las acusaciones de algunos grupos parlamentarios sobre que la nueva ayuda va a suponer un “efecto llamada” que atraerá a más inmigración irrregular.
Puso como ejemplo la gran diferencia que existe entre la Renta Mínima de Inserción en País vasco y Andalucía. En la primera, la ayuda autonómica alcanza al 98% de su población en situación de pobreza. En la segunda, sólo al 3,7%. Además, la ayuda en País vasco es más de 200 euros superior.
“Y, sin embargo, el porcentaje de población inmigrante en País Vasco es del 7,42% y en Andalucía, del 7,49%. La media española alcanza el 10,3%. “De ser como dicen, todos los inmigrantes de España vivirían en el País Vasco y me parece a mí que no es así”, recalcó. “Ni los inmigrantes, ni las personas pobres se mudan por esta ayuda”, insistió el presidente de EAPN.
En su opinión, se trata de “un instrumento de justicia social y de impulso económico”, que “beneficiará más a las personas en pobreza severa, pero de la que, al final, nos beneficiaremos todos”.
Por su parte, Peiro se refirió a la necesidad de “simplificar los trámites burocráticos” para que el IMV llegue al mayor número de personas posible. Las organizaciones del Tercer Sector “colaboraremos” asimismo a ampliar su cobertura, “informando a las familias, ayudándoles a solicitarlo” y asesorando a la población, concluyó.